Noticias

Proyecto
img

Quieren que los edictos se publiquen de sitios digitales oficiales

Autoridades del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén presentaron un proyecto para modificar el sistema de notificaciones por edictos y las publicaciones de actos administrativos o procesales que pretenden garantizar derechos de la ciudadanía. Proponen que se publiquen en sitios web oficiales de los Poderes Ejecutivo y Judicial y no en ediciones impresas de diarios. 

A tal fin, modifica los artículos 146°, 561° y 725° del Código Procesal Civil y Comercial que regulan justamente el alcance de la publicación de edictos.

En la actualidad, en el ámbito procedimental judicial, se recurre al edicto en diversos supuestos cuando la notificación por cédula resulta imposible, sea que se trate de personas inciertas o desconocidas o cuando, siendo conocidas, se ignora su domicilio o deviene ineficaz por la actitud reticente del destinatario que tiende a eludirla. No obstante, tal sistema no aplica respecto a las personas jurídicas ya que poseen domicilio legal inscripto en la Dirección General de Personas Jurídicas.

En los fundamentos, los letrados aseguran que la metodología resulta, en la actualidad, “estéril o cuanto menos discriminatoria” ya que acceden al edicto quienes circulan por los juzgados y quienes acceden a la versión impresa del diario de mayor circulación. 

Bajo tales consideraciones, es que resulta atinado –según justifican los autores- que la difusión de los anoticionamientos de toda cuestión que pueda impactar en los derechos de las personas se realice a través del consumo digital de medios web, páginas institucionales o redes sociales. En ese marco, es que sugieren que se implemente en el Boletín Oficial de la provincia, en el sitio web del Poder Judicial y en redes sociales oficiales de cada repartición.

La medida implicará, además, un significativo ahorro para la ciudadanía en lo que concierne a los edictos y publicaciones ordenadas en juicios.

El proyecto de ley (17151) ingresó por Mesa de Entradas el 7 de octubre firmado por Marcelo Iñiguez –presidente- y por Sebastián Fernández –secretario-.