Presentaron un proyecto de comunicación para solicitar al gobierno nacional que repudie la resolución que ordena al país la entrega del 51% de las acciones clase D de YPF S.A. a los beneficiarios del fallo por la expropiación del 2023, dispuesta por la jueza del Distrito Sur de New York, Loretta Preska.
La iniciativa pertenece al diputado César Gass (JxC-UCR) y también pide que la Procuración del Tesoro de la Nación interponga una medida cautelar en el país con el objeto de blindar el ordenamiento jurídico argentino.
Sostiene en sus fundamentos que la condena obliga al país a pagar cerca de 16.1 mil millones de dólares a partir de la entrega del paquete accionario, hecho que viola tanto el marco normativo normativa local, la normativa norteamericana y principios elementales de derecho internacional, como, por ejemplo, el “International Comity”.
Al respecto, el proyecto advierte que la sentencia resulta una clara intromisión en asuntos internos al requerir para su cumplimiento que el Poder Ejecutivo viole una ley sancionada por el Congreso de la Nación, lo que resultaría de imposible cumplimiento.
En ese sentido, destaca las palabras del ex Procurado del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, quien en una entrevista manifestó: “no puede una jueza americana pedirle al Estado argentino que cambie su ley o que se siente a negociar. Eso es inmiscuirse en asuntos internos de un Estado extranjero y esto no puede pasar”.
El proyecto (17748) ingresó por Mesa de Entradas el 1 de julio.