El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT-U) presentó un proyecto que expresa repudio por los vetos a las leyes de aumento a jubilados y jubiladas, de prórroga de la moratoria previsional y de emergencia en discapacidad.
La iniciativa se solidariza, además, con todos los sectores directamente afectados por el veto del Ejecutivo Nacional, oficializado en el Boletín Oficial del lunes 4 de agosto.
En los fundamentos, el legislador retoma el argumento presidencial que alude a cuestiones “presupuestarias” y lo confronta con los datos en la materia que arroja un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso.
En ese marco, menciona que la prórroga por dos años del régimen de regularización previsional conlleva un costo estimado del tan solo el 0,165% del PBI para ambos años.
En relación al incremento del bono para el sector pasivo –de 70 a 105 mil pesos-, sostiene que el costo fiscal sería de poco más de un millón, lo que representa solo 0,14% del PBI.
En cuanto al gasto en pensiones no contributivas de la ley de Emergencia en Discapacidad, se proyecta un impacto fiscal de entre el 0.22 % y el 0.42% del PBI –dependiendo del incremento de beneficiarios que puede ser de base o de ampliación de la demanda-.
Respecto de la compensación extraordinaria para prestadores del sistema de prestaciones básicas, se calcula un gasto adicional de 277.349 millones lo que significa el 0,03 % del PBI.
Tras tales informes, Blanco asegura que “el costo para el Estado es ínfimo” y sostiene que la decisión de vetar las normas en cuestión “profundiza el ajuste contra los sectores más vulnerables de la población e implica un retroceso grave en materia de derechos sociales y previsionales”.
El proyecto de declaración (17853) ingresó por Mesa de Entradas el 19 de agosto.