La vicegobernadora Gloria Ruiz –suspendida momentáneamente del cargo-, asistió a la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) para ejercer su derecho de defensa sobre el informe elaborado por la comisión investigadora que detectó irregularidades durante su gestión. En la ocasión, Ruiz calificó de “arbitrario, violatorio e ilegítimo” el procedimiento que la separó preventivamente del cargo y admitió que “puede ser que haya existido alguna desprolijidad pero no hubo ni mala intención ni mala fe”. El cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (DC-Comunidad) votó por unanimidad el pase al recinto del derecho de defensa ejercido por la vicegobernadora para que tome conocimiento la Cámara.
Ruiz se hizo presente en la comisión junto a sus abogados Carlos Broitman y Patricio Winograd, quienes criticaron el procedimiento al considerar que vulnera el debido proceso y las garantías constitucionales. “La inhabilidad moral es fulminar el mandato popular”, manifestó Broitman tras exponer argumentos sobre la designación de familiares, la compra de una camioneta, el uso de fondos públicos, ciertas prácticas administrativas, el pago de sobreprecios, contrataciones irregulares y la falta de respuesta de la Legislatura ante pedidos del Tribunal de Cuentas y alertas del Banco Provincia del Neuquén, entre otros puntos.
La vicegobernadora afirmó que no cometió “ningún hecho ilegítimo o ilícito” y manifestó que no estaba en conocimiento sobre el depósito de fondos del Poder Legislativo en la cuenta de su hermano Pablo Ruiz mientras estaba en funciones como coordinador de Casa de las Leyes, como así tampoco sabía de los pedidos del Tribunal de Cuentas para acceder a cierta información de la institución.
Aclaró que el ingreso de fondos de la Legislatura en cuentas bancarias personales es una metodología que se aplica desde gestiones anteriores y se mantiene por “usos y costumbres, resoluciones y disposiciones”. El cuerpo le objetó que no se haya instruido al personal para que la transferencia de fondos destinados a programas cese tras el alerta del BPN y que, además, se haya incrementado notoriamente la liberación de cheques desde dicho aviso. La comisión decidió no discutir sobre la transferencia de fondos públicos a su cuenta personal en tanto constituye una imputación bajo investigación judicial.
En tanto, Broitman señaló que “para decretar una exclusión por inhabilidad moral tiene que haber algunos otros elementos mucho más gravosos” y planteó que las cuestiones que se le endilgan a Ruiz “son perfectibles”. También expresó que “la buena fe que llevó a vicegobernadora lo hizo por el pueblo” y pidió a los diputados y diputadas que la decisión que tomen sea “con libertad de conciencia”.
A la vez, el abogado consideró que el informe de la comisión investigadora se basa en “falsas atribuciones” e “hipótesis erradas” y apuntó a la secretaria de Cámara como responsable directa del manejo de los fondos. Aseguró que “acá hay un linchamiento apresurado y prematuro” y advirtió que la decisión final puede devenir en un nuevo llamado a elecciones provinciales. Mencionó que a nivel nacional hay antecedentes de “cortocircuitos” en una fórmula gobernante pero siempre se respetó la institucionalidad; “éste es el primer caso en que no ocurre”, dijo.
La reunión se extendió durante nueve horas, ocasión en la que se analizaron los distintos puntos que refieren a “irregularidades” detectadas por la comisión investigadora. En cuanto a la compra de un vehículo particular, la vicegobernadora y sus letrados argumentaron que se adquirió con “ahorros” y mediante la venta de otros automóviles entre familiares. Los legisladores cuestionaron las distintas versiones que hizo públicas Ruiz sobre la compra.
En igual sentido, el equipo de abogados se refirió también al nombramiento de familiares en la Legislatura, ocasión en la que descartó, mediante declaraciones juradas, grados de consanguinidad en la mayoría de los casos y se refirieron a sus antecedentes laborales y currículum vitae para acreditar la idoneidad para el desempeño de sus funciones.
Otro aspecto debatido fue el manejo de fondos públicos, y sobre este punto el cuerpo pidió respuestas por los gastos protocolares de 400 millones de pesos. Al respecto, Ruiz dijo que se trata de fondos que “están obviamente dentro del poco presupuesto que nos dejaron” y recordó que cada solicitud de fondos requeridos a la Legislatura se plasma en un expediente que tiene una trazabilidad por distintas dependencias de control.
En cuanto a las contrataciones irregulares y por interpósita persona, la vicegobernadora aseguró que se trata de personal que estuvo nombrado con designaciones políticas hasta abril de este año y que, por cuestiones de cupo, se les dio de baja pero continuaron con prestación del servicio ad honorem. Negó la existencia de contrataciones por interpósita persona, en tanto aseguró que las personas contratadas prestaron tareas para la institución.
También fue eje de debate la contratación de una agencia de publicidad, por un elevado monto de contraprestación, con piezas de comunicación que -según advirtieron los diputados y las diputadas- no figuran en el portal oficial de la Legislatura, al igual que otra compañía que comercializa banners, a la que se le compraron productos por valores que superan los que se ofrecen en la actualidad en el mercado.
“La posible determinación de la inhabilidad moral conducirá a este Poder a un verdadero escándalo institucional y traerá aparejado la consolidación de la falta de respeto a las instituciones del Estado neuquino”, concluyó Broitman.
Neuquén, 18 de diciembre de 2024.