La comisión de Desarrollo Humano y Social (C) emitió despacho al proyecto que obliga a funcionarios públicos de los tres Poderes del Estado a realizarse exámenes toxicológicos. Lo hizo tras debatir punto por punto una nueva propuesta de redacción que unificó los proyectos presentados en la materia.
La votación se dio tras un intenso debate en el que los distintos bloques intercambiaron posiciones discrepantes en cuanto a la periodicidad con la que tendrán que realizarse los exámenes, el universo que debe abarcar y, en particular, el poder sancionatorio en caso de que la prueba resulte positiva en la primera instancia y en la contraprueba.
Sobre este último punto, el diputado Franciso Lepore (Avanzar) aclaró que la línea de acción es la suspensión automática sin percepción de haberes, y luego la remoción del cargo en caso de que la situación persista, bajo los procedimientos vigentes de cada Poder u organismo a tal fin. “No hay otra manera de que no sea así, no podemos prever un procedimiento distinto de remoción de lo que establece la Constitución Provincial”, aseguró en ese sentido.
Lo hizo al discrepar de la opinión de Marcelo Bermúdez (PRO–NCN) que pidió que “la ley tenga un fin claro” y, en ese sentido, garantice la destitución en caso de resultar positivo el examen. “Por qué contempla suspensión” y el posterior procedimiento sancionatorio si el objetivo es la remoción en caso de exámenes con resultados positivos. “Acá ya se probó, no hay ningún juicio político que valga” sintetizó al cuestionar que al final “la persona pueda no ser removida”.
Sobre este punto, Federico Méndez (Comunidad) vislumbró “inconstitucionalidad” en la norma que no garantiza el debido proceso. Además, exigió que se remita la propuesta final a la cartera de Salud para que brinde detalles técnicos tanto sobre las sustancias como sobre el tiempo de duración en el organismo a fin de identificar el plazo de la contraprueba.
La consideración de votarlo y continuar su tratamiento así en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) devino de los diputados Matías Martínez (Comunidad) y Darío Peralta, quienes señalaron que allí se podrán dirimir las diferencias en los puntos en los que no hubo acuerdo.
Por su parte, Brenda Buchiniz (Cumplir) pidió que se incluya también la obligatoriedad de exámenes psicotécnicos entre otros puntos tras adelantar su posición a favor con la idea original.
La titular del cuerpo, Verónica Lichter (PRO-NCN) coincidió con Bermúdez al señalar que la sanción debe ser la remoción, y lamentó que el despacho avance sin haber consultado a Salud sobre especificidades toxicológicas. Aclaró, sobre este punto, que la idea era realizar la consulta con el texto final, por lo que el pleno decidió remitirlo tras el despacho a fin de que se expida hasta tanto se aborde en la siguiente comisión.
En cuanto a la periodicidad, la redacción consensuada contempla que los exámenes, que deberán ser autofinanciados por la propia persona, se realicen una vez por año “en forma aleatoria”, es decir, sorpresiva. Peralta insistió en que sea, al menos, dos veces al año.
Sobre la contraprueba, que deberá realizarse tras el resultado positivo del análisis, el cuerpo también tuvo opiniones encontradas. La redacción final fijó en cinco días su realización pero, según señalaron desde distintas bancas, el periodo podría reverse durante el tratamiento en la comisión A.
En relación con el universo alcanzado, la última redacción sugerida sobre la que debatió el cuerpo hoy, contemplaba desde el gobernador hasta las direcciones generales para la administración pública; los diputados y funcionarios del Poder Legislativo; el presidente y los vocales del Tribunal Superior de Justicia, el Fiscal General y el Defensor General; jueces, fiscales y defensores; consejeros de la Magistratura y presidente y vocales del Tribunal de Cuentas.
Tras considerar que se trata de “una exageración”, Bermúdez solicitó que se acote y desestime a funcionarios con rango menor a Secretarios de gobierno.
Finalmente, la redacción final también eliminó la posibilidad de aplicar los exámenes a candidatos y faculta al Ejecutivo a designar a la Autoridad de Aplicación.
La medida aplicará tanto para acceder como para permanecer en los cargos públicos, a fin de garantizar el ejercicio de la función con plenas facultades, libre de los efectos de sustancias psicotrópicas ilegales.
La redacción final consensuó varios proyectos en la materia, presentados por diputados y particulares. El despacho continuará su tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) y de Hacienda y Presupuesto (B).
En otro orden, la comisión recibió a la cardióloga infantil Carolina Ramallo, en el marco de la propuesta del diputado Damián Canuto que busca incorporar como práctica rutinaria de control, la realización de ecografías obstétricas con evaluación cardiológica fetal en embarazadas, presenten o no condiciones de riesgo. Además, la medida contempla la implementación de la oximetría de pulso en los recién nacidos.
Al exponer, Ramallo explicó que el proyecto consiste en la búsqueda y detección prenatal temprana de malformaciones cardíacas del corazón fetal mediante ecografías obstétricas y ecografía fetal. En este sentido, explicó que ambas prácticas tienen como objetivo el diagnóstico temprano y el tratamiento de cardiopatías congénitas antes de que el bebé nazca.
Entonces, señaló que la ecografía cardíaca fetal es un estudio altamente sensible y específico que se realiza durante la semana 18 a 22 de embarazo para evaluar el corazón fetal, permitiendo un diagnóstico precoz durante el período de gestación. En este sentido, el examen permite detectar de forma temprana cardiopatías congénitas.
Además, por un lado el diagnóstico sirve para preparar anímicamente a los padres para el nacimiento de un hijo que va a requerir cuidados especiales y, por el otro, la importancia de prever el nacimiento en un centro de salud con servicio de cardiología infantil y neonatología de alta complejidad.
El tema permanecerá en estudio de la comisión.
Neuquén, 14 de agosto de 2025.