La Cámara de Diputados de la provincia repudió el veto del gobierno nacional a la ley de financiamiento universitario, recientemente aprobada por el Congreso de la Nación. Lo hizo esta tarde al votar por mayoría la comunicación N° 304, tras la unificación de un proyecto de JxC-UCR y otro del MPN. El tema generó un extenso debate en el que distintos bloques defendieron el rol de la universidad pública y advirtieron sobre el impacto del veto en el sistema científico y educativo. También hubo reparos de algunos sectores al concepto de gratuidad en la educación universitaria.
En su intervención, el diputado César Gass (JxC-UCR) sostuvo que la discusión se daba en paralelo a una manifestación multitudinaria en distintos puntos del país. “Se trata de estudiantes, docentes y de toda la comunidad que apuesta a la educación y que no quiere seguir atravesando las dificultades actuales”, dijo. A la vez, cuestionó la inconsistencia de los parámetros presupuestarios presentados por el Poder Ejecutivo nacional y reclamó que, al momento de definir partidas, “se incluya a la gente, a la universidad, a la educación pública, a la salud pública y fundamentalmente a todos aquellos que son más vulnerables y que han sido dejados de lado por un gobierno insensible”.
En tanto, la diputada Cielubi Obreque (MPN) argumentó que “la educación es un derecho, es gratuita, laica y debe ser de calidad; ningún gobierno puede avasallar ese derecho”. Remarcó que no se trata de una cuestión presupuestaria, sino que responde a las prioridades de un gobierno de turno. En ese marco, insistió en que el veto es una señal de que el Ejecutivo nacional no considera a la educación como herramienta de progreso y desarrollo social, y lo diferenció de Neuquén que implementó políticas como las becas Gregorio Álvarez y la creación de polos de conocimiento y tecnología.
Desde Fuerza Libertaria, el diputado Alberto Bruno ratificó su acompañamiento a la comunicación y reclamó revisiones de gestión nacional antes que recortes que “afectan áreas sensibles como educación, discapacidad y jubilaciones”.
Por el MPN, la diputada Ludmila Gaitán subrayó que no se trata solo de porcentajes o planillas de excel, sino del modelo de país que se busca construir. “Defender la universidad pública es defender la igualdad de oportunidades, la producción de conocimiento y la soberanía intelectual”, sostuvo. Su compañero de bloque Claudio Domínguez remarcó que la gratuidad permite igualar derechos y consideró que es obligación del Estado garantizar que “tanto quien puede pagar como quien no, accedan en igualdad a la educación”.
El diputado Darío Martínez (UxP) acompañó el repudio al veto y vinculó la medida con el Pacto de Mayo, que contemplaba la reducción del gasto público. Advirtió que hoy se lamentan las consecuencias de ese acuerdo cuyo resultado es el desfinanciamiento de áreas sensibles como la universidad pública. A la vez, recalcó que la Universidad del Comahue forma profesionales clave para la provincia, entre ellos los vinculados al desarrollo de Vaca Muerta, y convocó a marchar en defensa de la educación.
En la misma línea, su compañera de bloque Lorena Parrilli remarcó que el veto presidencial “cruzó un límite” al afectar derechos básicos como educación y salud. Consideró una falacia creer que el arancelamiento de la universidad va a resolver los problemas de la sociedad y que va a ser justa e igualitaria la posibilidad de acceso a la educación. “La universidad pública iguala porque en sus aulas se encuentran hijos de trabajadores y de empresarios, y eso es lo más valioso”, afirmó. Además, enfatizó que sin inversión en conocimiento, Argentina queda condenada a ser un país dependiente.
La diputada Julieta Ocampo (FIT-U) también manifestó su acompañamiento a la iniciativa y resaltó que la universidad pública es un espacio conquistado con lucha social. Planteó que no se trata de un ataque solo presupuestario, sino que se pretende instalar que las universidades son centros de adoctrinamiento. Rechazó los argumentos a favor del arancelamiento y sostuvo que la gratuidad debe mantenerse para garantizar igualdad de oportunidades.
En contra de la iniciativa se pronunció la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir), quien cuestionó el concepto de “gratuidad” y sostuvo que “menos el aire, todo se paga con los impuestos de los contribuyentes”. Señaló que existen estudiantes crónicos y extranjeros que cursan y luego se van del país, y reclamó una discusión sobre formas de contraprestación. “No podemos seguir pagando con nuestros impuestos los estudios de gente que no tiene ninguna intención de dar nada a cambio”, dijo al anticipar su voto negativo. “Me parece que la palabra gratuita tenemos que borrarla de la universidad pública y, en todo caso, empezar a pensar de qué manera podemos arancelar la universidad pública”, afirmó.
Por su parte, el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) adelantó que no apoyaría el proyecto, aunque aclaró que tampoco coincide con la visión presidencial. Invitó a un debate más profundo sobre fuentes de financiamiento y sostuvo que “no es posible sostener una universidad de calidad sin fondos”. Propuso analizar esquemas de aporte de egresados y familias con capacidad de pago, y cuestionó que profesionales formados en universidades públicas no realicen devoluciones al sistema. “Lo que hay que buscar son alternativas para que entre otras cosas la gente que no tiene dinero pueda acceder”, opinó.
La 19° sesión ordinaria comenzó a las 10.30 bajo la presidencia de Zulma Reina, vice 1ª a cargo de la presidencia de la Legislatura y finalizó a las 16.45.
Neuquén, 17 de septiembre de 2025.