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Funcionaria del Ministerio Público de la Defensa explicó el proyecto que crea el Órgano de Revisión de Salud Mental en la provincia




La Comisión de Desarrollo Humano y Social recibió este mediodía en la Legislatura a la Dra. Mónica Barrutia, Secretaria Civil y de Nuevos Derechos del Ministerio Público de la Defensa de la provincia del Neuquén. Lo hizo en el marco del proyecto de ley presentado por el Defensor General, Ricardo Cancela, que crea el Órgano de Revisión de Salud Mental en la provincia, que funcionará en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa dependiente del Poder Judicial. A tal fin, la propuesta adhiere a la ley nacional N°26.657 –denominada de salud mental–. El cuerpo, que preside Encarnación Lozano (MPN), funcionó sin quórum.

Según lo estipulado en el articulado de la iniciativa, funcionará como órgano de control, supervisión y promoción de los derechos de quienes hagan uso de los servicios de salud mental. Entre sus principales funciones se destacan controlar las internaciones involuntarias debidamente justificadas, así como también las derivaciones; requerir intervención judicial ante situaciones de irregularidad, y supervisar, de oficio o por denuncia, las condiciones de internación, tratamiento y abordaje; tanto en ámbitos privados como públicos.

Al hablar, Barrutia señaló que “hace años les debemos a los pobladores de Neuquén la creación del Órgano de Salud Mental a nivel provincial”. Recordó que en el año 2006, se sanciona en Naciones Unidas la Convención de Personas con Discapacidad a la que Argentina adhiere en 2008. Luego, en 2010 se dicta la Ley Nacional de Salud Mental que crea el Órgano de Revisión para la protección de los usuarios de la salud mental en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa en las distintas jurisdicciones del país. “A partir de ahí –dijo- se establece una nueva manera de mirar la discapacidad, ya no desde el aislamiento sino desde la inclusión de la persona que la padece; acompañando los procesos de apoyo y resaltando lo que la persona tiene de capacidad”. “Años atrásuna persona era declarada incapaz para toda la vida y privada de todos los derechos, se transformaba en un muerto civil”, agregó.

Explicó también que “a partir de las sentencias de limitaciones de capacidad hay un período de tres años y se revisan las sentencias y la persona es evaluada respecto a cómo ha podido afrontar el proceso de discapacidad y si los apoyos han sido oportunos o no”. “Se los mira como sujetos de derecho donde, desde el ámbito de la salud, se dispone la internación voluntaria o involuntaria; el juez es anoticiado y la persona tiene derecho a un asesor técnico”. “Nuestra funciónes protectoria de los derechos humanos”, dijo Barrutia.

Recordó que el Órgano de Revisión  en Nación funciona desde hace tres o cuatro años y es el encargado de hacer los controles de internaciones involuntarias, viabilizar derechos de los usuarios “pero tal función, en las provincias aún no existe”.

Subrayó que en el caso de Neuquén “hemos pensado en una organización multidisciplinaria, barata al erario público y que va a mirar políticas de derechos humanos de las personas con discapacidad desde otro lugar y va a ser para los legisladores un asesor de las políticas en esta materia”.

Por último dijo que la propuesta elevada fue trabajada en forma conjunta con el Consejo Provincial de Asistencia Integral de Salud Mental y Adicciones (COPAI).

Participaron de la reunión semanal los diputados: Encarnación Lozano, Maximiliano Caparroz, Santiago Nogueira, Teresa Rioseco y Gabriel Romero.

Neuquén, 08 de noviembre de 2018


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