La comisión de Asuntos Laborales debatió hoy el decreto elevado por el Ejecutivo provincial para otorgar la pauta salarial para el personal docente. Lo hizo a partir de una iniciativa presentado por diputados del FIT-U y del PTS-FIT-U que se expresaban en contra de la medida y solicitaban reabrir la mesa salarial.
El cuerpo decidió postergar la votación del proyecto al coincidir en la necesidad de aguardar el resultado que pudiera arrojar la nueva convocatoria que el gobierno le efectuó al gremio ATEN para destrabar el conflicto salarial.
Al hablar sobre la iniciativa, Andrés Blanco (PTS-FIT-U) calificó al decreto de pretender “cerrar el diálogo” y de “atacar el derecho a huelga”. También justificó que la decisión gremial de ir al paro se tomó a través de la modalidad de asamblea y pidió dejar de estigmatizar a los trabajadores de la educación de parte del gobierno provincial. Al respecto, recordó que los últimos tres ciclos lectivos comenzaron sin paros y la imposibilidad de garantizar los 180 días de clases fue exclusiva responsabilidad de la falta de arreglos y de la infraestructura escolar correspondiente.
Por su parte, Gabriela Suppicich (FIT-U) reivindicó la forma de protesta e indicó que la oferta puesta a consideración en las asambleas no alcanza a cubrir la canasta básica familiar valuada en más de un millón de pesos para la provincia. “No alcanza para vivir, estamos en una provincia muy cara”, acotó la legisladora.
Tanto desde los bloques de DC-Comunidad, MPN, PRO-NCN, Avanzar y Cumplir se expresaron en contra de la iniciativa. Desde el oficialismo, Ernesto Novoa remarcó que la provincia “ha hecho la mejor propuesta que puede” en un contexto de estrechez económica por la quita de recursos que lleva adelante el gobierno nacional en materia de obras públicas y en fondos con destino específico como es el de incentivo docente.
A su turno, Brenda Buchiniz (Cumplir) justificó el decreto del Ejecutivo al sostener que “una instancia de negociación no puede extenderse eternamente” y privilegió el derecho de los niños y niñas a poder educarse.
A la vez, Claudio Domínguez (MPN) ratificó la potestad del gobernador de otorgar el aumento salarial por decreto, no obstante consideró oportuno postergar hasta la próxima reunión del cuerpo, previa a la sesión para votar la iniciativa. Lo indicó ante la posibilidad de que se llegue a un acuerdo entre el gremio y el gobierno, y el texto de la iniciativa devenga en abstracto.
Licencia especial por hijo con diagnostico de cáncer
Al inicio de la reunión, el cuerpo aprobó por unanimidad el despacho de la iniciativa que dispone una licencia laboral especial para padres, madres y representantes legales de niños o niñas con diagnóstico de cáncer. La misma se extiende por 180 días y alcanza al personal de la administración pública provincial en todas sus modalidades.
La legisladora Zulma Reina (DC-Comundiad), autora de la iniciativa, explicó que se trata de un beneficio que se otorga a padres que deben acompañar durante extensos tratamientos a niños y niñas que padecen algún tipo de cáncer. En ese sentido, aseguró que se busca acompañar con respaldo económico y garantizar la continuidad laboral de padres que deben estar con sus hijos y, a veces viajar, para darle continuidad a este tipo de tratamientos.
Sobre el impacto de la medida, indicó que se diagnostican entre 20 y 25 casos de cáncer en menores al año y recordó que en la mayoría de los casos la atención se realiza en el Hospital Castro Rendón. “El 65% de los casos se atiende en el Castro Rendón, un porcentaje más bajo se atiende en la clínica San Lucas y un 36% se deriva a la Ciudad de Buenos Aires”, acotó la legisladora.