El plenario de las comisiones de Trabajo (I), Asuntos Constitucionales (A) y Hacienda (B) votó por mayoría el despacho del proyecto de ley que propone el pago de un adicional a los docentes que cumplan con un mínimo de asistencia, fijado en la iniciativa. Lo hizo tras recibir a representantes de ATEN, del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y de la Red Federal de Padres Organizados por la Educación quienes expusieron sus opiniones sobre la propuesta.
La iniciativa, impulsada por un sector del MPN y de Hacemos Neuquén y por los bloques unipersonales Juntos y JxC-UCR, fija el pago del adicional para el personal docente que no supere las tres inasistencias trimestrales -con un límite de dos mensuales-. El dictamen obtuvo el voto positivo de los bloques MPN, Desarrollo Ciudadano - Comunidad, PRO, Cumplir, Arriba Neuquén, Juntos por el Cambio, Juntos, Neuquén Federal, Avanzar y Hacemos Neuquén. En tanto, los bloques UxP, FIT-U y PTS-FIT-U votaron en forma negativa y solicitaron el pase a archivo.
Durante el debate, el cuerpo modificó el porcentaje del adicional, al ampliarlo de 10 al 15% de la asignación mensual del cargo u horas, y eliminó tanto el requisito de acreditar capacitaciones para cobrarlo, como así también la exclusión del incentivo en las negociaciones colectivas, tal como establecía el proyecto original. Por otro lado, reemplazó el listado detallado del régimen de licencias por una redacción más general que contempla que el personal suplente podrá hacer uso de las licencias según la legislación vigente.
ATEN y SADOP
El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, lo definió como “inconstitucional” y anticipó que, en caso de prosperar, reabrirá un conflicto ya que implica la intromisión del Poder Legislativo en una discusión entre trabajadores y empleadores que desconoce una instancia de negociación que se está llevando adelante con el Poder Ejecutivo en una “mesa técnica”. Mencionó que en la provincia hubo dos intentos anteriores de implementar una medida similar: uno en 1989, con un adicional por presentismo que generó conflicto y obligó al gobierno provincial a dar marcha atrás; y otro en 2005, con una asignación por resultado.
Guagliardo consideró que el proyecto es “inconstitucional” en tanto propone un adicional que es parte integral del salario pero establece condiciones de asistencia. A la vez, advirtió que el régimen de licencias para suplentes que establecía la iniciativa original excluye licencias que actualmente están contempladas como las de tratamiento preventivo de cáncer, violencia de género o capacitación. En ese sentido, aseguró que la propuesta implica que se tenga que resignar el cuidado de la salud para percibir el sueldo. Tal condicionamiento, remarcó, se contrapone al artículo 38° de la Constitución Provincial que prohíbe toda medida orientada a incrementar el esfuerzo de los trabajadores como condición para determinar su salario en trabajo incentivado.
Por otro lado, aseguró que “es central” que exista regularidad en el aula pero aseguró que está vinculada a las malas condiciones de infraestructura escolar y no a la falta de compromiso docente, como sugiere el proyecto. En ese sentido, manifestó que la iniciativa presenta un “prejuicio” hacia el compromiso docente con la educación. Aseguró que la medida persigue un fin económico y no educativo, motivo por el cual no fue girado a la comisión de Educación, consideró.
A su turno, el secretario general de SADOP, Mariano di Bartolo, expresó su rechazo a la iniciativa al remarcar que restringe los derechos de los docentes suplentes y coincidió en que se trata de una medida inconstitucional que limita el derecho de negociación colectiva.
Red Federal de Padres Organizados
En representación de la Red Federal de Padres Organizados, Marina Smoljan denunció que no se cumple con el calendario lectivo de 180 días de clases anual, desde que se sancionó la ley hace 20 años.
“Este debate es una oportunidad” dijo, y pidió que se declare a la educación como servicio esencial. Calificó de “positivo” que se premie el mérito, el esfuerzo y la formación docente y dijo que el camino hacia una educación “que no hipoteque el futuro de los chicos” necesita delimitar el régimen de licencias. Lamentó que, en lo que va del año, en el nivel medio sólo tuvieron tres semanas completas de clases de las 17 que lleva el ciclo.
Recordó que en el año 2022, la vicepresidencia del Consejo Provincial de Educación (CPE) informó que la cantidad de licencias solicitadas abarcaba a la mitad de la planta docente, es decir a 13 mil de los 26 mil docentes y que se llegó a contabilizar un promedio de 1200 certificados diarios lo que derivó en un proceso de auditoría.
“La escuela pública se defiende todos los días con clases y con todos los chicos en la escuela”, sintetizó Smoljan.
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Pronunciamientos
Durante el debate, Claudio Domínguez (MPN), autor de la iniciativa, despejó dudas respecto a la constitucionalidad de la figura que incorpora la normativa y explicó que la inclusión de un adicional por presentismo no genera una mayor dedicación o esfuerzo sobre el personal docente. Sin embargo, y a sugerencia del propio autor, el pleno votó finalmente el cambio de denominación de incentivo por adicional.
Domínguez mencionó que otras jurisdicciones ya cuentan con legislación que regula el presentismo, como Córdoba, Jujuy, Santa Cruz, CABA y Mendoza y recordó que, en esta última, hubo una presentación de inconstitucionalidad que fue rechazada por la Corte local.
En otro orden, destacó que se trata de una iniciativa “clara” y sostuvo que todas las licencias se encuentran garantizadas, hasta las del suplente, salvo que retorne el docente titular. “No se le toca el sueldo a los docentes”, aseguró el legislador del MPN.
A su turno, Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) remarcó que bajo ningún punto de vista otorgar un adicional por presentismo aumenta el esfuerzo del trabajador al no alterar las condiciones de su jornada laboral. También indicó que en términos de convenios colectivos, la mayoría de los gremios ligados al sector privado sólo contemplan una falta por mes para cobrar presentismo, la mitad de lo que prevé el proyecto en discusión. “Es una herramienta buena que tiene criterio y razonabilidad”, dijo.
Por Hacemos Neuquén, Alberto Bruno elogió la existencia de un “reconocimiento para quienes se esfuercen”, y solicitó incrementar el porcentaje destinado al ítem en cuestión. Frente a tal sugerencia, el diputado Ernesto Novoa (DC-Comunidad) propuso aumentar de 10 a 15 dicho porcentaje, lo que representa -según informó Dominguez- 33 mil millones de pesos anuales.
Desde JxC-UCR, el diputado César Gass dijo que la ley implicará un “cambio cultural” y pidió eliminar el requisito de las capacitaciones para el cobro del adicional.
En tanto, Brenda Buchiniz (Cumplir) también se inclinó a favor al señalar que la ley constituirá una “herramienta” pero se pronunció en contra de premiar el esfuerzo por considerar que forma parte del trabajo.
La diputada Gabriela Suppicich (FIT-U) cuestionó el tratamiento “entre gallos y medianoche” que tuvo el proyecto y consideró que busca “la persecución y el disciplinamiento de los docentes”, al tiempo que lo calificó de “inconstitucional”.
Por PTS-FIT-U, Andrés Blanco, dijo que el tratamiento exprés “es un escándalo” y coincidió en que el objetivo del proyecto es disciplinar a los trabajadores. Remarcó que la educación no es un servicio sino un derecho.
Desde UxP, Darío Martínez reclamó la presencia del Poder Ejecutivo en el debate y consideró “imprudente” avanzar con el tratamiento del proyecto sin contar con información oficial.
Plenario A y B
Previo al tratamiento del adicional docente, las comisiones A y B se constituyeron en plenario y emitieron despacho favorable a dos proyectos de ley que ya contaban con dictamen de otras comisiones.
Una de las iniciativas es la enviada por el Poder Ejecutivo para implementar un sistema de contrataciones públicas con el objetivo de agilizar la adquisición de insumos y medicamentos básicos para el sistema público de salud. La otra propuesta apunta a incorporar nuevos cultivos al programa promoción de la sanidad y calidad frutihortícola, creado por ley 3293, como frutos con carozo (cereza, pelón, durazno, damasco), uvas y olivos.
Neuquén, 25 de junio de 2024.-