La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) votó el pase al recinto de los pliegos de designación de dos aspirantes a cargos judiciales e hizo lo propio con la nómina de magistrados, magistradas, abogados y abogados que envió el Poder Ejecutivo para desempeñarse como conjueces y conjuezas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Así lo aprobó esta mañana el cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (DC-Comunidad)
En ese marco, la comisión entrevistó y habilitó el tratamiento en sesión de los pliegos de Fernando Nestares Camargo, candidato a defensor púbico para Junín de los Andes, y de Mario Javier Alarcón, postulante a juez Civil, Comercial y de Minería de la ciudad de Neuquén.
Por otro lado, avaló por mayoría la propuesta de magistrados y abogados enviada por el Ejecutivo para desempeñarse como conjueces del TSJ y completar, de ese modo, el listado de diez integrantes aprobado por la Legislatura en noviembre de 2022 que actualmente se encuentra incompleto por la jubilación de dos miembros y la exclusión de otros dos que asumieron como diputados (Damián Canuto y Francisco Lépore). Las y los conjueces subrogarán temporalmente a las máximas autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en casos de recusación, excusación, vacancia o licencia.
La nómina enviada por el gobernador Rolando Figueroa está integrada por María Cecilia Gómez, Fernando Ghisini, Federico Sommer y Roberto Rodríguez Bello, quienes completarán el listado que estará vigente hasta diciembre de 2026, de acuerdo a lo dispuesto por la ley 2601. La propuesta del Ejecutivo fue acompañada por los bloques DC-Comunidad, MPN, PRO, Hacemos Neuquén, UxP, Juntos y Avanzar. El bloque PTS-FIT-U votó en forma negativa.
Entrevista a candidato a defensor público penal de Junín de los Andes
Durante la entrevista realizada por la comisión, Camargo –actual defensor adjunto en Junín de los Andes- fue consultado por su opinión en cuanto a la baja de la edad de imputabilidad y condicionó la medida a la necesidad de “preparar a las instituciones”. En ese sentido, recordó que las cárceles en la provincia se encuentran superpobladas. Tras tales consideraciones, opinó conveniente bajar la edad de imputabilidad condicionado a la previa puesta en marcha de “establecimientos especializados” que trabajen en la contención y la resocialización. “Es necesario preparar el campo para no volver a los mismos resultados no deseados”, advirtió.
“Exactamente, ese es el punto” resumió Camargo, tras la intervención del diputado Novoa, quien interpretó que entonces “no sería por una cuestión de edad sino porque no hay dónde dejarlos”. El candidato a defensor público penal se pronunció en un primer momento en contra de bajar la edad de imputabilidad pero, tras tales aclaraciones, se inclinó a favor bajo tales condiciones.
En otro tramo, mencionó que en la IV Circunscripción judicial no se evidencian elevados índices de delitos juveniles. “En este año y medio no me han llegado casos con chicos de entre 13 y 16 años involucrados”, por lo que sugirió indagar primero sobre la posible aplicabilidad y alcance de una eventual ley que modifique los límites en la edad de imputabilidad. En ese sentido, pidió que se convoque a todos los actores intervinientes a emitir su opinión, que se analicen los antecedentes de otros países con legislación vigente en la materia y que se puntualice en la realidad de cada jurisdicción. Sobre este punto, ejemplificó que la propuesta “tal vez esté pensada para otras jurisdicciones en las que exista participación de menores en delitos de crimen organizado”.
Al inicio de su alocución, Camargo aseguró contar con “experiencia y vocación” para desempeñarse como titular y ponderó “la escucha” como “la herramienta” que permitió solucionar los problemas de los usuarios del servicio de justicia brindado por la defensoría. “Encontré una vocación en el servicio de la defensoría” aseguró tras indicar, además, que recorre habitualmente las localidades que integran la Circunscripción y las distintas comunidades originarias de la zona.
Entrevista a candidato a juez civil
Con igual criterio, el pleno entrevistó luego a Mario Javier Alarcón, quien fue consultado sobre su opinión respecto sobre la restitución del impuesto a las ganancias con la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal en el Congreso. Calificó de “imprudente” una respuesta sobre si poseerá un carácter confiscatorio en tanto deben evaluarse “los números reales” que implicarán en la liquidación final de cada salario. Consideró, además, que por el principio de igualdad ante la ley, los agentes y funcionarios del Poder Judicial también deben abonar el impuesto. “No encuentro razones de por qué no lo pagan” indicó al referirse a la exención vigente hasta la aprobación del paquete fiscal que los excluía del universo alcanzado por el tributo.
En otro tramo, consideró que “sería recomendable” aplicar turnos vespertinos al interior del Poder Judicial. De hecho –opinó-, la limitación horaria actual “conspira” contra el servicio. En otro orden, y sobre la conciliación, dijo que es necesario evaluar previamente qué causas son derivadas a dicha instancia porque, según evaluó, en ciertas ocasiones puede dilatarse el proceso en forma innecesaria.
Finalmente, Alarcón también se refirió al estado de las causas en la jurisdicción en la que asumirá como juez, ocasión en la que informó que hay 200 causas atrasadas, en su mayoría por daños y perjuicios, devenidas mayormente de accidentes de tránsito, y adelantó un plan de trabajo con la relatora para revisar y diagramar la pronta resolución de tales expedientes.
Ambos pliegos obtuvieron despacho por mayoría –con el único voto disidente del bloque PTS-FIT-U- y fueron girados al recinto para su tratamiento que, según el calendario legislativo vigente, se realizaría tras el receso invernal.
Otros temas
En otro orden, el cuerpo continuó con el análisis de una serie de proyectos que se mantendrán en la agenda de la comisión, a la espera de información complementaria que deben remitir distintas áreas de gobierno y propuestas de modificaciones para avanzar con el debate. Se trata de la creación del Programa de Sostenibilidad Habitacional –enviado por el Ministerio de Infraestructura-; la iniciativa para habilitar al Ejecutivo a descontar de los haberes de funcionarios públicos las deudas vencidas que tengan con el Estado; y el nuevo régimen de funcionamiento de la Subsecretaría de Trabajo.
A la vez, el cuerpo solicitará información al Ministerio de Gobierno, por nota de presidencia, para que informe sobre la intervención de la Cooperativa de Energía Eléctrica, viviendas y Servicios Públicos Limitada de Zapala.
Neuquén, 2 de julio de 2024.-