La implementación de una línea telefónica exclusiva para que la comunidad educativa pueda denunciar de manera directa desde problemas de infraestructura escolar hasta situaciones de acoso o de negligencia laboral generó un amplio debate en la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de esta mañana.
La iniciativa presentada por las legisladoras Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) y Mercedes Tulián (PRO-NCN) recibió aportes y críticas del cuerpo entre las que se destacan la diversidad de temas y situaciones que debería abordar la puesta en funcionamiento de la línea, la superposición de vías de comunicación que implementa el propio Ministerio de Educación, la imposibilidad de poder dar respuesta a todas las demandas y la conflictividad gremial que puede derivarse de situaciones que afecten a trabajadores docentes y no docentes.
Al explicar el proyecto, Stillger priorizó la vinculación que la comunidad educativa podría tener con la cartera para solucionar problemáticas asociadas a la infraestructura escolar. De igual modo, ponderó la posibilidad de realizar denuncias anónimas por casos de bullying, acoso escolar e instancias de adoctrinamiento dentro de las aulas.
En su intervención, la diputada resaltó la intención de realizar un diagnóstico por zonas geográficas que utilice como base de sustentación la información generada por la propia línea. También sostuvo que ante cualquier denuncia por acoso o abuso sexual, rápidamente la cartera educativa podrá informar y activar los distintos dispositivos y protocolos previstos para abordar la situación.
“La denuncia puede disparar la posibilidad de poner en marcha protocolos de investigación para casos de acoso sexual, laboral. Hay un montón de casos en los cuales si no existe el anonimato, la denuncia no se realiza”, apuntó la diputada.
En tanto, la iniciativa recibió críticas y sugerencias de parte de las legisladoras Lorena Parrilli (UxP), Carina Riccomini (Juntos), Gabriel Álamo (MPN) y Gabriela Suppicich (FIT-U). Parrilli advirtió retrasos en la solución de problemas y no en los dispositivos para conocer los mismos. “Vamos a acumular denuncias a las que no se le va a poder canalizar una solución inmediata”, observó.
Por su parte, Suppicich consideró inapropiado hacer coincidir denuncias de tipo edilicia con situaciones que atañen al cuerpo docente y adelantó que una iniciativa que se instrumente en esos términos será ser considerada “persecutoria” por parte del movimiento sindical.
A la vez, Álamo hizo referencia a la capacidad de respuesta que podría tener el Consejo Provincial de Educación en caso de implementarse la línea de denuncias y pidió no mezclar instancias de reclamos por falta de insumos o infraestructura con situaciones de acoso sexual o laboral dentro de una escuela.
A su turno, Riccomini coincidió en la imposibilidad de dar respuesta a todos los reclamos que pueda demandar una comunidad educativa y evidenció que el propio cuerpo legislativo muchas veces no logra obtener la información que le requiere a las estructuras administrativas que dependen del CPE.
En otro orden, el cuerpo decidió invitar a funcionarios del Ministerio de Educación vinculados a prácticas profesionalizantes para debatir la incorporación de educación financiera a las mismas.
Neuquén, 17 de octubre de 2024.