La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) emitió dictamen unánime a la reforma del Código Procesal Penal que permitirá incorporar técnicas especiales de investigación del microtráfico de drogas y aprobó por mayoría el despacho del nuevo marco normativo de la Policía provincial. Ambos proyectos continuarán su tratamiento en la comisión de Hacienda y Presupuesto (B).
La incorporación de nuevas herramientas para el combate del narcomenudeo abarca la denuncia anónima –modalidad que no se encuentra prevista en el Código Procesal Penal de la provincia-, los allanamientos nocturnos, y las figuras del “agente revelador” y del “informante”. Además, extiende los plazos máximos de detención a 48 horas –actualmente el límite es de 24 horas-.
La comisión desestimó la propuesta que presentó la semana pasada el fiscal general José Gerez para que también se incorpore la utilización de dispositivos electrónicos para poder captar sonidos y realizar seguimiento.
Además, hubo un intercambio a partir de una modificación presentada por el diputado Claudio Domínguez (MPN) para que el plazo de duración máxima de la prisión preventiva se compute hasta el dictado de la sentencia de impugnación que confirme la condena del imputado. El diputado Damián Canuto (PRO-NCN) advirtió que podría desvirtuar el objetivo de la reforma al plantear que si entre la sentencia de primera instancia y de segunda “sigue transcurriendo tiempo y se cumple el año se puede dar esta hipótesis de que la persona tiene que quedar libre por vencimiento del plazo”.
La propuesta de Domínguez finalmente no se incorporó al despacho pero se acordó consensuar una redacción para plantear en el recinto cuando se trate el proyecto.
En tanto, la nueva ley orgánica de la Policía elimina el arresto como medida disciplinaria, incorpora políticas de género y de derechos humanos, establece la obligatoriedad de realizarse exámenes toxicológicos y contempla criterios de regionalización para diagramar el despliegue territorial, entre otros aspectos.
El presidente de la comisión Ernesto Novoa (Comunidad) informó la incorporación del concepto de depósito de armas, en el cual el personal policial que se traslade de una provincia a otra o que salga del país podrá dejar el arma reglamentaria bajo custodia. Además, mencionó que se trabajó en el régimen diferenciado de retiro para personal civil que se desempeña en la fuerza.
En consecuencia, el cuerpo emitió despacho por mayoría. No acompañó con su voto el diputado Andrés Blanco (PTS-FI–U). La propuesta contaba con despacho por unanimidad, emitido por la comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales (I).
Rechazo por mayoría a la baja de la edad de imputabilidad
En otro orden, la comisión votó despacho por mayoría al proyecto de comunicación del MPN que rechaza el dictamen de la Cámara de Diputados de la Nación para bajar la edad de imputabilidad a 14 años, como parte de la modificación del Régimen Penal Juvenil.
El bloque Comunidad votó en forma dividida, ya que el diputado Matías Martínez y la diputada Yamila Hermosilla apoyaron el rechazo al dictamen para bajar la edad de imputabilidad. Lo hicieron junto a los bloques Neuquén Federal, MPN, JxC-UCR, Avanzar y UxP.
En tanto, el jefe del bloque Comunidad, Ernesto Novoa, votó en forma negativa junto a los diputados Guillermo Monzani (Fuerza Libertaria) y Damián Canuto (PRO-NCN).
En su exposición, Novoa se expresó a favor de bajar la imputabilidad al considerar que si el ordenamiento jurídico otorga facultades a las personas mayores de 13 años para realizar determinados actos, también deberían tener la facultad para responder por sus actos. En ese sentido, planteó que Argentina y Cuba son los únicos países que mantienen en 16 años la edad de imputabilidad de un delito.
Desde el MPN, Ludmila Gaitán -una de las impulsoras del proyecto- recordó que los países que aplicaron estas reformas en sus regímenes penales juveniles no resolvieron los problemas de seguridad sino que, por el contrario, aumentaron las cifras de reincidencia.
Por Avanzar, Francisco Lepore reivindicó la tradición histórica de la provincia en la materia de protección de derechos de la niñez y la adolescencia. “No podemos subirnos a esta ola punitivista”, aseguró tras exponer que, caso contrario, sería “meter una patada a los acuerdos sociales que tiene Neuquén”.
La diputada Yamila Hermosilla (Comunidad) mencionó la necesidad de trabajar estas políticas de manera integral con todos los sectores y resaltó que el Estado debe garantizar a la niñez sus derechos y un proyecto de vida. “No porque bajemos la edad de imputabilidad vamos a solucionar el problema de la delincuencia”, dijo.
El diputado César Gass (JxC-UCR) reparó que si no se implementan reformas en cuestiones estructurales, “las medidas nunca van a ser suficientes”. En sentido similar, Andrés Blanco (PTS-FIT-U) hizo eje en que “no se puede mirar solo una parte de la película”. “Venimos arrastrando décadas de profundización de la pobreza y la marginalidad”, subrayó.
Desde Cumplir, Brenda Buchiniz se pronunció a favor de la baja de la edad de punibilidad para dar respuesta a una demanda de la ciudadanía y, al mismo tiempo, convocó a trabajar “en medidas alternativas para dar solución a la cuestión de fondo”. En tanto, Verónica Lichter (PRO-NCN) puntualizó en la necesidad de trabajar en la elaboración de un proyecto de vida desde la infancia. Tanto Buchiniz como Lichter no integran la comisión.
Regulación de radares en rutas provinciales
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Por otro lado, el cuerpo emitió dictamen unánime a un proyecto de ley de la diputada Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) que busca regular los sistemas de radares para el control de velocidad en las rutas provinciales. La iniciativa venía con dictamen unánime de la comisión de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte (F) y continuará su tratamiento en la comisión B.
La propuesta establece que una vez que entre en vigencia la ley, los radares instalados quedarán fuera de funcionamiento por 180 días y, durante ese lapso de tiempo, los titulares no podrán emitir multas y deberán presentar toda la documentación requerida ante la Dirección Provincial de Seguridad Vial –propuesta como autoridad de aplicación- para obtener la autorización correspondiente para funcionar. Las notificaciones de infracciones por exceso de velocidad deberán ser remitidas en un plazo no mayor a los 60 días hábiles.
Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio
A la vez, los diputados y diputadas comenzaron a debatir un proyecto que crea el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio. Se trata de una iniciativa del diputado Carlos Coggiola (Neuquén Federal), quien explicó que el objetivo es que “los bienes obtenidos de manera ilícita vuelvan al Estado”. El cuerpo solicitará opinión por escrito al Ministerio Público Fiscal y a la Fiscalía de Estado para avanzar con el tratamiento.
Neuquén, 10 de junio de 2025.-