Los proyectos de reforma del Código Procesal Penal para incorporar técnicas especiales de investigación del microtráfico de drogas y la nueva propuesta de ley orgánica para la Policía provincial obtuvieron despacho esta tarde en la comisión de Hacienda y Presupuesto (B). Ambas iniciativas –que venían con dictamen favorable de la comisión A- pasarán ahora al recinto para su tratamiento en sesión.
La incorporación de nuevas herramientas para el combate del narcomenudeo se enmarca en la competencia asumida por la provincia en diciembre del año pasado en materia de persecución del delito de narcomenudeo que, hasta entonces, funcionaba bajo la órbita de la justicia federal.
“Se hace necesario incorporar algunas técnicas especiales de investigación que se encontraban presentes en la legislación nacional desde hace muchos años y se aplicaban en la región por los organismos de la justicia federal. Al asumir la provincia la competencia, es necesario avanzar con estas herramientas”, explicó el diputado Francisco Lepore (Avanzar).
Las figuras que se incorporan son la denuncia anónima –modalidad que no se encuentra prevista en el Código Procesal Penal-, los allanamientos nocturnos y sin presencia de fiscales, y las figuras del “agente revelador” y del “informante”. Además, extiende los plazos máximos de detención a 48 horas –actualmente el límite es de 24 horas- para los delitos de microtráfico. El despacho se votó por unanimidad.
En tanto, la nueva ley orgánica de la Policía es una iniciativa del Poder Ejecutivo Provincial que busca, según explicó el diputado Ernesto Novoa (Comunidad), humanizar a la fuerza policial y otorgarle una herramienta para que pueda funcionar mejor.
Entre otros puntos, elimina el arresto como medida disciplinaria que implicaba la restricción de la libertad ambulatoria; incorpora licencias familiares, políticas de género y de derechos humanos; un régimen diferenciado de retiro para personal civil que se desempeña en la fuerza, y contempla criterios de regionalización para diagramar el despliegue territorial. “En ningún caso se alarga la carrera policial ni afecta derechos adquiridos”, aclaró. El dictamen se votó por mayoría con el único voto negativo del bloque FIT-U.
Regulación de radares en rutas provinciales
Por otro lado, el cuerpo votó despacho por unanimidad a un proyecto de ley de la diputada Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) que regula los sistemas de radares para el control de velocidad en las rutas provinciales.
La propuesta establece que una vez que la ley entre en vigencia, los radares instalados quedarán fuera de funcionamiento por 180 días y, durante ese lapso de tiempo, los titulares no podrán emitir multas y deberán presentar toda la documentación requerida ante la Dirección Provincial de Seguridad Vial –propuesta como autoridad de aplicación- para obtener la autorización correspondiente para funcionar. Las notificaciones de las multas por exceso de velocidad deberán ser remitidas en un plazo no mayor a los 60 días hábiles.
Comité contra la Tortura
Al inicio de la reunión, el cuerpo que preside la diputada Zulma Reina (Comunidad) votó por mayoría el pase a archivo de un proyecto de resolución que solicita la asignación de tres partidas presupuestarias destinadas a garantizar el funcionamiento del Comité para la Prevención de la Tortura.
Reina explicó que la semana pasada se reunió con integrantes del Comité y abordaron una serie de pautas para regularizar la situación administrativa que implica que la Legislatura deba realizar una reestructuración presupuestaria para el pago de sueldos.
El tema generó una discusión sobre la necesidad de revisar la ley de creación del Comité que establece que depende del Poder Ejecutivo mientras que el decreto reglamentario determina que lo hace del Poder Legislativo.
Sobre este punto, el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) consideró que se trata de “una irregularidad importante”. “Si la Legislatura les da un recibo de sueldo, acá no hay ningún Comité, sino un grupo de empleados legislativos que trabaja en un tema particular que es la verificación de situaciones de tortura o trato inhumano”, afirmó.
En ese sentido, el legislador consideró razonable que el Comité se constituya como asociación civil por fuera del Estado y calificó de “ridículo” que se financie con recursos asignados de quien tiene que controlar.
En otro orden, el cuerpo tomó conocimiento de la Cuenta General de Inversión correspondiente al ejercicio 2024.
Neuquén, 10 de junio de 2025.