El proyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial se presentó esta mañana en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A), en una reunión en la que el jurista Gustavo Calvinho expuso los lineamientos centrales de la reforma ante diputadas, diputados y demás integrantes de la comisión interpoderes que llevó adelante el proceso.
El presidente de la comisión, Ernesto Novoa (Comunidad), adelantó que la intención es poder emitir despacho la próxima semana y destacó la participación de representantes de los tres poderes del Estado, de universidades y del Colegio de Abogados durante los ocho meses de funcionamiento de la comisión especial.
Calvinho -quien encabezó el trabajo técnico del proceso- remarcó que se trata de “una oportunidad histórica” al ser la primera vez “que la provincia trabaja en un Código Procesal Civil propio”, dado que hasta ahora se adoptaban normas basadas en el Código Procesal Civil de la Nación de 1975. Señaló además que la reforma colocará a Neuquén en un lugar pionero: será la primera experiencia en Argentina y en Latinoamérica de cambio de paradigma de justicia civil hacia un esquema adversarial, siguiendo el camino iniciado en la justicia penal.
Un nuevo modelo para agilizar la justicia civil
El especialista explicó que el escenario de la justicia civil presentaba tribunales recargados, pocos jueces y muchos abogados, con demoras que generan malestar social por la falta de respuesta oportuna. Añadió que frente a ese diagnóstico, el Código –que entrará en vigencia a partir del 1° de agosto de 2026- propone reconfigurar las funciones de los operadores judiciales, “poniendo a las partes y a los abogados a litigar y a los jueces a resolver”, de modo de concentrar el trabajo judicial en dictar sentencias y reducir tareas burocráticas que hoy consumen tiempo sin ser funciones esenciales de magistrados y funcionarios.
En esa línea, el texto establece un sistema de reglas claras y previsibles, pensado para que quienes recurran a la justicia sepan de antemano cómo será el trámite de sus causas. Afirmó que “en este modelo el foco está puesto en la persona que recurre a la justicia” y resaltó como puntos centrales la imparcialidad de los jueces y la seguridad jurídica, con una organización del proceso que simplifica trámites, unifica plazos y reduce la cantidad de tipos procesales.
Calvinho destacó también la incorporación de nuevas figuras procesales como el “descubrimiento de prueba”, inédita en el país, así como la revisión integral del régimen recursivo, de las medidas cautelares y la introducción del “pronto despacho” como herramienta para que las partes puedan obtener respuesta de la justicia dentro de los plazos previstos.
En ese sentido, explicó que con el nuevo esquema las partes son las que van a manejar los tiempos del proceso y estarán en condiciones de exigirle a la justicia que resuelva dentro del plazo que corresponda.
Detalló también que se propone concentrar los procesos declarativos en dos grandes vías –ordinario y sumarísimo– y simplificar los juicios ejecutivos, dejando un esquema general y un régimen específico para ejecuciones hipotecarias.
Más acceso a la justicia, con apoyo en la tecnología
Otro eje central de la presentación fue el acceso a la justicia. Calvinho remarcó que el proyecto busca bajar costos para las personas que litigan, por ejemplo a través de un sistema de edictos gratuitos publicados en la página web del Poder Judicial, y mecanismos más ágiles para las subastas.
En otro tramo, destacó la incorporación de las tecnologías de la información al nuevo Código, en especial en materia de notificaciones, prueba y documentos electrónicos. Señaló que la iniciativa amplía el abanico de formas de notificación y reconoce la firma digital y la firma manuscrita realizada en dispositivos electrónicos, tal como ya ocurre en operaciones bancarias y otros ámbitos. A la vez, mantiene la posibilidad de presentar escritos en papel, para no excluir a personas sin acceso a herramientas digitales.
Trabajo interpoderes
Durante su intervención, el jurista valoró especialmente la metodología de trabajo desarrollada por la Comisión Interpoderes a lo largo de ocho meses. Mencionó que cada artículo fue discutido en una mesa de trabajo, sometido a observaciones y ajustes, y que se incorporó la mayoría de los aportes surgidos de legisladores, colegios de abogados, universidades, defensorías y demás operadores. A la vez, resaltó el acompañamiento institucional al proyecto y calificó como inédito que el proyecto del nuevo Código se haya presentado con la firma de las máximas autoridades de los tres poderes del Estado.
Tras la exposición del especialista, los diputados y diputadas tuvieron un breve debate sobre la entrada en vigencia del Código y los desafíos operativos que implicará su implementación en cuanto a la transición, la digitalización y la brecha tecnológica, sobre todo, en el interior.
Neuquén, 2 de diciembre de 2025.