Los diputados del bloque Unión por la Patria presentaron un pedido de informe sobre la situación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) y los aprovechamientos hidroeléctricos de la región del Comahue. Se trata de dos proyectos, uno dirigido a Nación y otro a la provincia, que buscan conocer el plan de acción del Ejecutivo Nacional para la reactivación de la PIAP y la operación de las represas de la provincia, así como las gestiones de la provincia en la materia.
A nivel nacional, la consulta se dirige a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y a la Secretaría de Energía de la Nación.
En cuanto a la PIAP, el pedido solicita información sobre las medidas adoptadas para garantizar la integridad de sus activos; la política para su reactivación; el destino de los 123 trabajadores que se allí desempeñan a través de la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería Sociedad del Estado (ENSI) y su plan de saneamiento financiero, en caso de existir.
Sobre esta última empresa, los diputados consultan varios puntos, entre ellos si Nación continuará como accionista y -en caso negativo- si se cederá su participación accionaria a la provincia. En caso de finalizar el contrato, los legisladores preguntan por el origen de los fondos para el pago de indemnizaciones al personal y bajo qué cronograma. Además, buscan conocer su situación contractual con la CNEA y, en caso de llamar a licitación para la operación, puesta en marcha y venta de agua pesada, en qué plazo estará disponible el pliego y cómo se garantizará la conservación de los activos hasta entonces.
En otro orden, la consulta recae sobre el funcionamiento del sistema de represas y aprovechamientos hidroeléctricos sobre los ríos Neuquén y Limay. Al respecto, solicita información sobre las previsiones adoptadas en relación a la crecida máxima probable del río Neuquén y los planes de contingencia de crecidas y de atenuación de modo que el caudal remanente aguas abajo no exceda la capacidad de El Portezuelo.
Con igual criterio, pide detalles de los planes frente al vencimiento de las concesiones hidroeléctricas y la operación y mantenimiento futuro de las centrales; qué precio o especie se prevén para la región en tanto fuente de generación de energía eléctrica con aguas de las provincias de Neuquén y Río Negro y qué planes se contemplan para el pago de regalías por la ocupación de suelo de los embalses y canon por la utilización del recurso agua, en favor de ambas provincias.
En tanto, a nivel provincial, los diputados le consultan por las acciones –en su carácter de socia de ENSI- para evitar que el incumplimiento de la CNEA afecte la integridad de los activos de la PIAP y su estabilidad financiera.
También preguntan por las gestiones para exigir el cumplimiento del contrato de conservación y mantenimiento y la regularización de la deuda acumulada con ENSI y si los directores designados por la provincia en el directorio han intimado formalmente a la CNEA por la deuda pendiente y han exigido la continuidad contractual.
Finalmente, quieren saber si la provincia está dispuesta a asumir la totalidad del paquete accionario de ENSI en caso de que la CNEA decida ceder su participación, y qué planes tiene para la empresa en ese escenario y cómo se prevé garantizar la continuidad laboral de los trabajadores de la PIAP si la CNEA no renueva el contrato de conservación.
Los fundamentos mencionan que el pedido recoge las preocupaciones planteadas por el Foro en Defensa de la Planta de Agua Pesada y el Foro en Defensa de Nuestros Ríos y Represas, y califican de “gravemente irregular” el escenario tanto porque la ENSI opera sin contrato desde el año pasado como por la elevada deuda que acumula, que supera los 3800 millones de pesos por tareas de conservación ya ejecutadas.
En cuanto a las represas, sostienen que las concesiones de operación y mantenimiento comenzaron a vencer en 2023 y que, mediante decreto nacional, se previó su reprivatización sin contemplar adecuadamente las obras necesarias, los mecanismos de participación ciudadana exigidos por ley, ni las compensaciones justas a las provincias por la utilización de sus recursos hídricos y la ocupación de su territorio.
El proyecto de comunicación (18180) ingresó por Mesa de Entradas el 10 de marzo firmado por Darío Martínez y Darío Peralta (UxP) y por Cecilia Papa (Democracia Neuquén), al igual que el de resolución (18181) al que también adhieren Brenda Buchiniz (Cumplir) y Lorena Parrilli (UxP).