La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) habilitó el pase al recinto del pliego de Laura Serrano, postulada para cubrir el cargo de jueza de Cámara, con destino a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, de la ciudad de Neuquén. Así lo acordó por mayoría esta mañana el cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (Comunidad), con el único voto negativo del bloque PTS-FIT-U.
Durante la entrevista, la candidata explicó que se desempeña desde 2015 como vocal en el Tribunal de Cuentas de la provincia, además de ejercer la docencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue y en la Universidad Católica de Salta. En el repaso de su trayectoria profesional, señaló que fue asesora de ministros y del Consejo de la Magistratura, y que también cumplió funciones en la Fiscalía de Estado.
En ese marco, respondió consultas de diputados y diputadas sobre el nuevo Código Procesal Civil adversarial, la regionalización judicial, la ley de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos y los alcances de la reciente reforma laboral nacional, entre otros puntos.
Exámenes toxicológicos y función pública
Consultada sobre la ley que establece exámenes toxicológicos para funcionarios públicos, sostuvo que el objetivo es garantizar la ética y la idoneidad en el ejercicio de la función pública. Observó que el debate jurídico sobre el tema se vincula con la relación entre el derecho a la vida privada, la autonomía individual y la dignidad humana, por un lado, y la facultad de ese poder del Estado de regular el ejercicio de la función pública, por el otro.
En esa línea, manifestó que “ningún derecho es absoluto, todos pueden ser reglamentados” y acotó que “esa esfera de intimidad que tiene un funcionario no es la misma que la de cualquier ciudadano y en ese contexto se habilita -más si se determina que esto hace a la idoneidad- la posibilidad de hacer exámenes”. “Va depender del caso concreto y de lo que en ese contexto suceda, pero en abstracto yo no lo considero inconstitucional”, expresó.
Código Procesal Civil adversarial
Un tramo de la entrevista estuvo vinculado a la implementación del nuevo Código Procesal Civil y Comercial adversarial en la provincia. Serrano consideró que la reforma implica “un cambio bastante profundo en la forma de llevar adelante los procesos”, con un mayor protagonismo de las partes y un rol del juez centrado en garantizar la igualdad procesal.
Valoró la identidad neuquina del Código, al que calificó de “un buen parámetro inicial” coherente con el régimen procesal penal, así como los mecanismos de resolución anticipada de conflictos que establece. Asimismo, dijo que los cambios del nuevo marco procesal son alentadores porque el Código requería una actualización.
Reforma laboral
Otro de los puntos abordados fue la reciente reforma laboral nacional. La candidata explicó que la norma introduce cambios relevantes en distintos institutos del derecho del trabajo y consideró que uno de los principales debates se centrará en la aplicación de la nueva normativa a los procesos laborales en trámite.
La postulante mencionó que “la regla general” establece que las situaciones jurídicas consumadas deben quedar firmes y que una nueva ley, “salvo que expresamente diga que se aplica de manera retroactiva”, no corresponde que alcance a esas situaciones.
También mencionó que la CGT presentó un amparo contra algunos artículos de la reforma y señaló que el planteo se centra principalmente en la transferencia de competencias de la justicia laboral nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Regionalización del Poder Judicial
Por otro lado, se refirió a la regionalización del Poder Judicial que contempla siete circunscripciones, alineadas parcialmente con el esquema de regionalización provincial. En ese sentido, advirtió que la implementación del nuevo esquema implicará desafíos logísticos y presupuestarios, y planteó que la medida favorece la accesibilidad y cercanía con la ciudadanía.
Ley Kohon
Consultada sobre la den ominada “ley Kohon”, Serrano explicó que la normativa establece como criterio que la antigüedad de los abogados en el ámbito del Poder Judicial se compute desde la matriculación profesional o desde el ingreso al empleo público, según cuál sea más antigua. En ese sentido, indicó que este tipo de disposiciones forman parte del criterio que adopten quienes dicten la normativa o suscriban los acuerdos colectivos.
Neuquén, 10 de marzo de 2026.