Diputadas y diputados de distintos bloques presentaron un proyecto para crear el “Programa Provincial de Fomento del Bienestar y la Responsabilidad del Personal de Salud”, con el objetivo de establecer estrategias preventivas frente al agotamiento profesional (burnout) en el sistema sanitario. La iniciativa plantea un marco para instituciones públicas —de aplicación obligatoria— y la adhesión del sector privado.
La propuesta fija como ejes la autonomía de cada establecimiento para diseñar sus propios métodos de prevención, la responsabilidad individual en el cuidado de la salud física y mental, y un rol subsidiario del Estado centrado en la capacitación y el acompañamiento a áreas vulnerables.
Entre las medidas, plantea herramientas de gestión laboral y flexibilidad operativa orientadas a reducir el estrés crónico. En ese sentido, habilita el intercambio voluntario de turnos entre profesionales y promueve la reconfiguración de guardias, con la posibilidad de pasar de esquemas de 24 a 12 horas con descansos compensatorios.
Además, contempla la opción de realizar hasta un 30% de las tareas administrativas bajo modalidad de teletrabajo y prevé la implementación de un sistema de autoevaluación de riesgo mediante herramientas digitales anónimas, cuyos resultados serán de uso exclusivo de cada profesional.
En los fundamentos, se advierte que el burnout dejó de ser un problema individual para convertirse en una problemática estructural del sistema de salud. Según datos del Foro de Sociedades Médicas (2025), el 64% del personal sanitario en Argentina presenta síntomas de agotamiento físico o mental, cifra que asciende al 73,5% en unidades críticas y residencias en estudios locales.
En esa línea, se señala que el síndrome impacta en la calidad de atención y en la seguridad del paciente, al aumentar el riesgo de errores médicos. En ese marco, sostiene que la flexibilidad en la organización del trabajo y la reducción de la carga burocrática pueden contribuir a mejorar las condiciones laborales sin afectar la productividad.
A la vez, el proyecto plantea que la implementación de estas medidas podría reducir el ausentismo y las licencias por motivos de salud mental, con impacto en la sostenibilidad del sistema sanitario y en la calidad de las prestaciones.
“Enmarcar la salud mental de quienes nos cuidan como una política de Estado es, en última instancia, proteger el derecho a la salud de todos los neuquinos”, indican los autores y autoras.
El proyecto (18262) ingresó por Mesa de Entradas el 17 de abril y lleva las formas de Cecilia Papa, Mónica Guanque y Federico Méndez (Democracia Neuquén); César Gass (JxC-UCR); Brenda Buchiniz (Cumplir) y Gerardo Gutiérrez (MPN).