La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) habilitó el pase al recinto del pliego de Julieta González para el cargo de fiscal del caso de la ciudad de Neuquén.
Así lo resolvió esta mañana por unanimidad el cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (Comunidad) tras entrevistar a la postulante, quien actualmente se desempeña como asistente letrada en la Fiscalía de Delitos Ambientales de la circunscripción para la que concursa.
En ese marco, González fundamentó su candidatura en el “compromiso” y la “voluntad de trabajo” para contribuir a “la construcción de una sociedad más justa”. En ese sentido, destacó su formación académica y remarcó su recorrido profesional, tanto en el plano técnico como en la litigación, a partir de los siete años de trabajo en el Ministerio Público Fiscal.
Consultada sobre su opinión en torno al abordaje del maltrato animal, la postulante reconoció la existencia de “una dispersión de enfoques filosóficos” que genera “mucha conflictividad” y consideró “acertado” que esa discusión se trabaje en una mesa articulada para encontrar un camino común. También planteó que existe un vacío normativo al señalar que “la ley de maltrato animal es de 1952 y hoy no refleja el sentimiento que la mayor parte de la sociedad tiene para con los animales”.
En relación al Código Procesal Penal, González evaluó que las reformas incorporadas en los últimos años resultaron adecuadas para fortalecer la actuación de la Fiscalía. Explicó que el modelo adversarial permite “equilibrar la cancha” entre las partes y consideró que las modificaciones recientes brindan herramientas suficientes para abordar fenómenos complejos como el crimen organizado.
No obstante, planteó la necesidad de ampliar el alcance de los juicios por jurados a otros delitos. “Han demostrado ser una excelente herramienta de participación ciudadana en la administración de justicia y debiera evaluarse la incorporación de más figuras delictivas al catálogo de juicios por jurado”, indicó.
Al referirse al marco regulatorio ambiental, la aspirante a fiscal advirtió sobre la fragmentación normativa vigente en la provincia. Señaló que gran parte de la regulación se encuentra dispersa en decretos y no en leyes sancionadas por la Legislatura, lo que dificulta su aplicación. En ese sentido, mencionó que la ley provincial 1875 –de preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente- se encuentra reglamentada a través de más de 20 decretos.
En particular, mencionó la necesidad de revisar la regulación sobre residuos peligrosos vinculados a la actividad hidrocarburífera y propuso avanzar hacia un ordenamiento integral. “Entiendo que eso se podría trabajar en un código ambiental para la provincia”, afirmó.
En cuanto a la ley nacional de glaciares, la postulante planteó que existen tensiones con el esquema constitucional de competencias ambientales y que es necesario evaluar cómo se resuelven en la práctica. Consideró que su aplicación depende en gran medida de la regulación provincial y del control a través de los estudios de impacto ambiental.
En ese sentido, advirtió que, a diferencia de otras jurisdicciones, Neuquén no cuenta con emprendimientos de gran escala que estén instalados en zona periglacial, lo que —indicó— abre la posibilidad de dar un debate más amplio sobre la reforma en el ámbito local.
Neuquén, 21 de abril de 2026.