Las diputadas Mercedes Tulián (PRO-NCN) y Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) presentaron un proyecto de ley con el objetivo de establecer un régimen de videovigilancia en establecimientos educativos de gestión pública y privada, orientado a prevenir hechos de violencia y proteger la integridad de estudiantes, docentes y personal no docente.
La iniciativa dispone la incorporación de sistemas de cámaras bajo criterios de proporcionalidad, razonabilidad e intervención mínima, en línea con la normativa vigente. Además, establece que las imágenes obtenidas deberán ser utilizadas exclusivamente con fines de seguridad y prevención dentro del ámbito escolar.
El articulado fija límites concretos para la implementación de estos dispositivos. En ese sentido, prohíbe la instalación de cámaras en sanitarios y en espacios que afecten la intimidad personal. Al mismo tiempo, habilita su colocación en aulas y áreas pedagógicas bajo un esquema progresivo, que comenzará por el nivel inicial y se extenderá gradualmente al resto de los niveles educativos.
Asimismo, se establece que los sistemas deberán ser instalados y mantenidos por empresas habilitadas y registradas, y que el acceso a las grabaciones estará sujeto a condiciones de confidencialidad. En el caso de las escuelas públicas, se prevé la integración de la videovigilancia al Ecosistema de Integrabilidad Digital Neuquino para garantizar la seguridad y trazabilidad de los datos.
La propuesta designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Educación, que deberá coordinar acciones con el Consejo Provincial de Educación y el Ministerio de Seguridad.
En los fundamentos, las autoras señalan que la iniciativa busca dar respuesta al incremento de situaciones de violencia y conflicto en entornos escolares, ante la insuficiencia de los mecanismos tradicionales de prevención. En ese marco, plantea que la videovigilancia constituye una herramienta complementaria con efectos disuasivos, preventivos y probatorios.
El texto también destaca la necesidad de equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos fundamentales, en particular el derecho a la intimidad y el interés superior del niño. Para ello, propone una implementación gradual que permita evaluar su aplicación en el tiempo y garantizar condiciones adecuadas tanto desde el punto de vista operativo como presupuestario.
“Fortalecer la seguridad en las escuelas es una condición indispensable para garantizar el derecho a la educación en un entorno adecuado”, sostienen.
El proyecto (18271) ingresó por Mesa de Entradas el 20 de abril con las firmas de Stillger y Tulian, y la adhesión de Patricia Fernández, Gerardo Gutiérrez, César Gass, Juan Sepúlveda y Brenda Buchiniz.