Los diputados Darío Martínez y Darío Peralta (UxP) presentaron un proyecto de ley que propone modificar el cálculo del adicional por antigüedad para magistrados y funcionarios judiciales jerarquizados. La iniciativa plantea eliminar el cómputo basado en la antigüedad de la matrícula profesional y establecer un criterio uniforme basado exclusivamente en los años de servicio efectivamente prestados al Estado.
Con ese objetivo, el proyecto apunta a reformar el artículo 10 de la ley de autarquía del Poder Judicial –N° 1971- para fijar que el adicional por antigüedad se calcule en un 3,5% por cada año de servicio o fracción mayor a seis meses, considerando únicamente los servicios no simultáneos cumplidos en organismos públicos.
También establece que no se computarán los años que provengan de beneficios previsionales y fija un tope de 30 años para el cálculo de este adicional. En los casos en que existan situaciones previas con un adicional superior, se mantiene ese monto como límite máximo individual.
A la vez, dispone que quienes actualmente perciben el adicional calculado en base a la matriculación profesional – en el marco de la ley 2501, conocida públicamente como "Ley Kohon"- pasen a cobrarlo exclusivamente según los años de servicio efectivo.
En los fundamentos, los diputados remarcan que el objetivo es “eliminar un privilegio salarial injustificado que beneficia exclusivamente a magistrados, fiscales, defensores, secretarios y prosecretarios del Poder Judicial de la provincia del Neuquén: el cómputo de la antigüedad desde la fecha de matriculación en el colegio profesional, en lugar de desde el ingreso efectivo al servicio público”.
Argumentan que este esquema genera diferencias en la liquidación salarial dentro del propio Poder Judicial, al permitir que determinados cargos accedan a adicionales por períodos no trabajados en la administración pública. También menciona antecedentes legislativos y sindicales que cuestionaron la incorporación de este criterio en el cálculo de la antigüedad.
En ese sentido, explican que la iniciativa no modifica el porcentaje de cálculo ni la base salarial del adicional, sino únicamente el criterio de cómputo, con el objetivo de unificarlo para todos los agentes del Estado provincial en función de los servicios efectivamente prestados.
El proyecto (18314) ingresó por Mesa de Entradas 4 de mayo.