La diputada Brenda Buchiniz (Cumplir), acompañada por pares de otros bloques, presentó un proyecto para crear un nuevo marco normativo que regule la presentación de las declaraciones juradas del patrimonio de funcionarios públicos. A tal fin, la propuesta deroga la ley 5 –de seis décadas de vigencia- y recae sobre funcionarios y empleados públicos de los tres Poderes del Estado provincial.
El articulado detalla el alcance de la medida que, en el Poder Ejecutivo, comprenderá desde el gobernador hasta el rango de directores generales; para el Poder Legislativo será para autoridades de Cámara y diputados y en el Judicial para vocales del Tribunal Superior de Justicia, magistrados y funcionarios de todas las instancias.
Deberán hacer lo propio autoridades y funcionarios del Tribunal de Cuentas, de la Fiscalía de Estado, del Banco Provincia del Neuquén (BPN), del Consejo de la Magistratura y de toda empresa, sociedad, cooperativa y demás entes con participación estatal. También se contemplan intendentes y funcionarios públicos de aquellos municipios que adhieran a la ley, una vez sancionada.
Para todos los casos, la medida alcanza también a todo personal que intervenga en el manejo de fondos públicos, administre o fiscalice patrimonio público, integre comisiones de adjudicaciones y recepción de bienes y participe en licitaciones y concursos.
El articulado establece que dichas declaraciones serán de carácter público y de libre acceso, y estarán disponibles en sitio de internet de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia de la Nación.
La presentación deberá realizarse al asumir el cargo, en un plazo que no supere los 30 días desde entonces, e inmediatamente después de abandonar la función pública. Se hará ante cada oficina de personal de la respectiva dependencia pública, en sobre cerrado, las que lo elevarán a la Escribanía General de Gobierno. Deberán anexarse, además, las declaraciones juradas patrimoniales –de carácter reservado y exentas de publicidad- correspondientes al cónyuge, conviviente e hijos menores no emancipados. La información de la declaración deberá actualizarse anualmente.
Las declaraciones juradas patrimoniales serán iguales a las del impuesto a las ganancias y a las del impuesto sobre los bienes personales que se presentan ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En particular, detallarán inmuebles en el país y el exterior; derechos reales constituidos sobre bienes; automotores, naves y aeronaves bienes muebles y semovientes -registrados en el país y en el exterior-; bienes de lujo o suntuosos, joyas, dinero y depósitos en dinero en instituciones dentro y fuera del país; títulos, acciones, cuotas o participaciones sociales; patrimonios de empresas o explotaciones unipersonales ubicadas en el país; monedas virtuales o digitales, criptoactivos o similares; créditos y derechos de propiedad científica, literaria o artística, los de marcas de fábrica o de comercio y similares, patentes y demás de la propiedad industrial o inmaterial.
En los fundamentos, la legisladora asegura que la medida deriva de la necesidad de “aggiornar el actual régimen” en la materia que cuenta con un marco legal “incogruente” frente a las actuales demandas sociales de prevenir y condenar la corrupción y promover prácticas más transparentes.
Más adelante, tras remitir al marco constitucional e internacional vinculado a políticas de anticorrupción, recuerda que la ley vigente fue sancionada en el año 1958, y recae sobre un universo muy pequeño de funcionarios. Además, remarca que la información es secreta, solo accesible en casos excepcionales.
El proyecto de ley (18343) ingresó por Mesa de Entradas el 14 de mayo con la firma de Brenda Buchiniz (Cumplir); Federico Méndez, Cecilia Papa y Mónica Guanque (Democracia Neuquén) y César Gass (JxC-UCR).