Diputadas del MPN presentaron un pedido de informe para conocer los argumentos sanitarios y científicos que motivan la propuesta de modificación de la Ley de Salud Mental. El pedido se dirige tanto al Congreso nacional como a la Jefatura de Gabinete.
En particular, las legisladoras consultan por estadísticas en la materia –indicadores y datos empíricos-, con detalle en las fuentes consultadas, así como también los argumentos de orden político, científico y técnico que llevaron al Ejecutivo nacional a impulsar la reforma.
Además, piden información sobre su compatibilidad con los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y con las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el país.
Con igual criterio, preguntan si previo a la elaboración de la propuesta se consultó a organizaciones, usuarios, familiares, asociaciones de profesionales de la salud mental y organismos de Derechos Humanos.
Finalmente, buscan conocer las evaluaciones de impacto sobre las disposiciones del proyecto que podrían restringir la autonomía personal y los antecedentes internacionales -especialmente de países de la región- en cuanto a resultados clínicos, sociales y de derechos derivados de modelos legislativos similares al propuesto.
Los fundamentos explican que el objetivo es que el gobierno nacional remita los antecedentes fácticos, estudios de campo, indicadores epidemiológicos y bases de datos que sirvieron de sustento para la elaboración de la propuesta de modificación a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. Tal exigencia se basa en el derecho de acceso a la información pública y, fundamentalmente, en el principio de transparencia que debe regir toda reforma de leyes que afecten derechos personalísimos y el bloque de constitucionalidad vigente en el país.
Contar con dicha información no solo permitirá comprender la dirección de las políticas nacionales en la materia, sino también garantizar que no se produzcan retrocesos en la protección de sujetos que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, explican las diputadas. “La transparencia en los fundamentos técnicos es un requisito de validez republicana; sin evidencia no hay política pública legítima, y sin datos no hay debate democrático posible”, concluyen.
El proyecto de comunicación (18353) ingresó por Mesa de Entradas el 18 de mayo firmado por Daniela Rucci, Patricia Fernández, Paola Cabeza y Cielubi Obreque del MPN.