Diputados y diputadas del MPN presentaron un proyecto para que la provincia adhiera a la ley nacional 27.797, conocida como “Ley Nicolás: Ley de Calidad y Seguridad Sanitaria”, con el objetivo de incorporar estándares orientados a prevenir eventos adversos, mejorar la atención médica y fortalecer los mecanismos de control y seguimiento dentro del sistema de salud.
La iniciativa designa al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación y aclara que la adhesión no implicará la transferencia de competencias provinciales vinculadas a la habilitación de establecimientos, control profesional, matriculación ni organización del sistema público de salud.
El proyecto incorpora criterios de interculturalidad en salud y prevé una aplicación gradual y diferenciada según el tipo y complejidad de cada establecimiento sanitario. También contempla la articulación de los sistemas provinciales de información con registros nacionales como el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) y el Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), garantizando la confidencialidad y anonimato de los datos.
En los fundamentos se explica que la “ley Nicolás” surgió a partir del fallecimiento de Nicolás Machuca y del reclamo impulsado por su familia para promover políticas de prevención y seguridad sanitaria. Allí se remarca que la norma apunta a consolidar una “cultura justa” en el sistema de salud, basada en el aprendizaje frente a errores e incidentes, la capacitación permanente y la mejora continua de los procesos asistenciales.
También se destaca que Neuquén cuenta con un sistema público de salud con amplia cobertura territorial, aunque advierte que la implementación de los nuevos estándares deberá contemplar las particularidades geográficas, culturales y organizativas de la provincia. En ese sentido, plantea la necesidad de adaptar la aplicación de la ley a hospitales de distinta complejidad, centros de salud rurales y dispositivos comunitarios.
Asimismo, la propuesta vincula la adhesión con legislación provincial ya vigente en materia de derechos de pacientes, historia clínica digital, salud mental, acceso a la información pública y formación de recursos humanos en salud. Según se argumenta, la iniciativa permitiría fortalecer mecanismos de prevención, trazabilidad y transparencia, preservando al mismo tiempo la autonomía provincial en la gestión sanitaria.
“La iniciativa busca fortalecer la prevención, mejorar la seguridad de pacientes y trabajadores de la salud, consolidar sistemas de información confiables, promover la capacitación permanente, proteger los datos sensibles, respetar la interculturalidad y preservar las competencias provinciales”, expresan los autores y autoras en la fundamentación.
En ese sentido, agregan que “se trata, en definitiva, de avanzar hacia un sistema sanitario más seguro, más humano, más transparente y más capaz de aprender de sus propios procesos”.
El proyecto (18374) ingresó por Mesa de Entradas el 27 de mayo y lleva las firmas de Gabriel Álamo, Daniela Rucci, Paola Cabeza, Juan Sepúlveda, Patricia Fernández, Ramón Fernández y Gerardo Gutiérrez.