Esta mañana en el apartado de Otros Asuntos de la 10° sesión ordinaria, la vicepresidenta 1ª a cargo de la Presidencia, Zulma Reina (Comunidad), contestó desde su banca de diputada las consultas formuladas por la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) sobre la aplicación de la ley de narcotest y del régimen de descuentos por inasistencias de diputados y diputadas.
Reina fundamentó su intervención en la necesidad de “resguardar la institución”. En ese contexto, señaló que ambos temas surgieron en la reunión del cuerpo a partir del planteo de un solo legislador y advirtió que no integraban el orden del día ni fueron puestos a consideración de los integrantes de la comisión antes de solicitar información al respecto.
En ese marco, Reina dijo que eran dos temas muy importantes y detalló el mecanismo vigente para controlar las ausencias legislativas. Explicó que la resolución 1208, aprobada en 2024, complementó los mecanismos ya previstos en el reglamento interno en los artículos 36, 37, 38 y 39, y estableció descuentos porcentuales sobre las dietas en determinados casos. Indicó que la implementación requirió adecuaciones administrativas debido a situaciones particulares, como la de los bloques unipersonales, y detalló que actualmente existe un sistema informático que registra de manera automática la asistencia a comisiones y sesiones.
A la vez, explicó que las ausencias deben ser justificadas mediante certificados médicos, comisiones de servicio debidamente informadas u otros supuestos contemplados por el reglamento interno, y aseguró que los casos registrados hasta el momento cumplían con esos requisitos. “No vamos a dejar pasar ninguna ausencia sin justificar”, afirmó, al tiempo que destacó que la información es de carácter público.
Al referirse a la ley de narcotest, recordó que la norma aprobada en septiembre de 2025 incluye a los diputados y diputadas provinciales, pero advirtió que la reglamentación vigente que publicó el Ejecutivo designó al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación y no definió cómo debe implementarse el procedimiento dentro del Poder Legislativo.
En ese sentido, planteó interrogantes sobre quién debe asumir la autoridad de aplicación dentro de la Cámara, qué organismo estaría en condiciones de realizar los controles y cómo deberían resolverse eventuales incumplimientos. "¿Quién determina la sanción del diputado que se niega?. Porque en el Ejecutivo está la cesantía". Propuso el envío de un proyecto de resolución que establezca una reglamentación para determinar cómo se sancionará a un legislador en caso de no cumplir.
“¿Cómo yo, diputada, compañera de ustedes, voy a reglamentar algo, aún siendo presidenta, que no me corresponde?”, expresó y advirtió que la Legislatura no cuenta con una estructura sanitaria equiparable a la de los otros poderes del Estado para implementar el sistema previsto.
“¿Necesitan los señores y las señoras diputadas una reglamentación para cumplir con la ley que está vigente?”, preguntó y convocó a quienes impulsan la aplicación inmediata a realizarse voluntariamente los exámenes mientras se avanza en esa discusión. "Los invito a, en menos de 24 horas, ir a un hospital, ir a un laboratorio porque, además, el diputado debe pagar".
Por su parte, el diputado Claudio Domínguez (MPN) sostuvo que las dudas planteadas debieron haberse discutido durante el tratamiento de la ley y afirmó que la norma prevé mecanismos simples para su aplicación. En ese sentido, recordó que todos los diputados y diputadas tuvieron la oportunidad de introducir modificaciones al proyecto y que, de haber sido necesario, se podrían haber aprobado las adecuaciones requeridas para garantizar su implementación.
A la vez, remarcó que la ley establece controles obligatorios y sorpresivos, y sostuvo que la responsabilidad de los diputados y diputadas consiste en someterse al control cuando sean convocados.
A su turno, la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) celebró que la discusión se haya dado de manera pública y coincidió en que la ley presenta aspectos que no fueron suficientemente resueltos durante su tratamiento legislativo. En ese sentido, recordó que el artículo referido a los test rápidos fue incorporado por un grupo de legisladores y legisladoras precisamente para despejar interrogantes operativos y facilitar la realización de los controles.
En otro tramo, sostuvo que el procedimiento aprobado no presenta mayores complejidades operativas y consideró que la Legislatura podría disponer de los insumos necesarios para realizar los controles iniciales. En ese sentido, indicó que, de acuerdo con la ley, ante un resultado positivo correspondería realizar posteriormente un análisis más exhaustivo en un laboratorio.
Por otro lado, planteó que la discusión refleja el tratamiento acelerado de algunas iniciativas que, en ocasiones, se aprueban sin agotar las instancias de debate. Además, coincid ió con Reina en que si están justificadas y el procedimiento está establecido es porque se está cumpliendo,
La diputada señaló que quedó pendiente de respuesta la situación de los legisladores y legisladoras que aún no presentaron sus declaraciones juradas patrimoniales, tema que también fue planteado en la reunión de comisión. En esa línea, sostuvo que forma parte de las demandas de transparencia que la ciudadanía plantea hacia la dirigencia política.
Por su parte, el diputado Ernesto Novoa (Comunidad) respaldó las explicaciones brindadas por Reina y sostuvo que la responsabilidad por la implementación de la normativa no puede recaer exclusivamente sobre la Presidencia de la Cámara. “Somos todos los diputados responsables frente a una norma”, sostuvo.
Neuquén, 11 de junio de 2026.