La subcomisión de reforma del Código Procesal de Familia recibió esta mañana a la experta Mariel Molina de Juan para avanzar sobre algunos de los ejes centrales que tendrá el nuevo marco normativo. Durante el encuentro, diputados y diputadas, especialistas, representantes de los tres poderes del Estado, colegios profesionales, asociaciones de magistrados, universidades, y operadores judiciales analizaron el rol que deberán asumir los jueces, el sistema de recursos, la implementación de la mediación previa y la organización institucional que implicará la reforma, entre otros puntos.
La reunión fue presidida por el diputado Carlos Coggiola y la diputada Cielubi Obreque, secretaria de la subcomisión. En representación de la presidencia de la Legislatura, participaron los abogados Ramiro Benítez y Victoria Rezzónico.
En su exposición, Molina de Juan -quien colaborará en el proceso de revisión y redacción de la iniciativa- explicó que la justicia de Familia persigue objetivos distintos a los del proceso penal y remarcó que el eje es la protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. "El derecho de familia busca la protección de las personas", afirmó, al diferenciarlo del proceso penal, cuya finalidad es investigar y sancionar delitos.
En otro tramo, dijo que el anteproyecto -elaborado por la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci- prioriza una instancia de mediación previa para la resolución del conflicto y distinguió ese instituto de la conciliación judicial. Señaló que en el primer caso "el mediador acompaña la discusión" y busca que "las partes compongan el conflicto de manera autónoma", mientras que en la conciliación es el juez quien interviene activamente en la negociación y puede orientar a las partes sobre las consecuencias jurídicas de no alcanzar un acuerdo. En ese marco, sostuvo que la propuesta apunta a desarrollar un sistema de mediación extrajudicial, aunque advirtió que deberá definirse qué poder del Estado garantizará su funcionamiento. "Los acuerdos que alcanza la gente tienen mayor posibilidad de ser cumplidos que una sentencia”, sostuvo.
Por otro lado, destacó la incorporación de las audiencias multipropósito, una herramienta que permitirá tratar en un mismo acto distintos conflictos vinculados con una misma familia, siempre que las partes presten su consentimiento. Según aclaró, el objetivo es evitar la multiplicación de trámites y favorecer respuestas más ágiles.
La especialista también remarcó la importancia de la oralidad y la concentración de las actuaciones. Aclaró además que ese esquema requiere una participación más activa del juez, aunque precisó que "juez activo no es juez discrecional", sino un magistrado presente e involucrado en la conducción del proceso y, especialmente, en aquellas audiencias donde deban escucharse a niñas, niños y adolescentes o producirse prueba oral.
En lo referido al anteproyecto en estudio, Molina de Juan explicó que contiene cuestiones generales de los procesos con las adecuaciones necesarias para responder a los paradigmas que sostienen la justicia de Familia. En este sentido, comentó que se sugieren ajustes en materia de prueba, de plazos de las resoluciones, de normas específicas, de responsabilidades de los distintos actores, de los sujetos procesales, las funciones del juez, entre otras misiones y atribuciones en la temática de familia, niñez y adolescencia.
De modo que Molina de Juan mencionó que los jueces precisan una asistencia activa y comprometida de equipos interdisciplinarios, oficinas judiciales o de violencia, entre otros organismos de sostén.
En ese marco, indicó que dichos organismos son importantes para pensar en un proceso que tenga dos principios fundamentales, como son la eficacia y la oportunidad. Por esto, señaló que “la eficacia depende de la oportunidad, ya que de ninguna manera una intervención va a ser eficaz y justa si no es oportuna”.
En cuanto a las “adecuaciones” con el Código Adversarial Civil y Comercial aprobado el año pasado, dijo que sería oportuno “articular ciertas disposiciones” entre ambos cuerpos, por ejemplo en materia de representación y patrocinio. De esta forma, se inclinó a favor de “hacer una revisión para aplicar las mismas reglas y que no se dupliquen articulaciones” y evitar así confusiones entre ambos textos.
Molina de Juan hizo hincapié en la necesidad de acortar los plazos, lo que “no significa que sean incumplibles”, aclaró.
Otro tramo de su intervención estuvo asociada a los recursos necesarios para la implementación del futuro texto. Así, la experta indicó que el diseño del Código Procesal Civil Adversarial es aplicable a Familia, reduciendo los plazos y con pequeñas consideraciones, que ya señaló Kemelmajer oportunamente para evitar dilaciones en los trámites.
“La expectativa es la de una Justicia especializada” enfatizó Molina de Juan al sugerir que la norma contemple la creación, a futuro en todo caso, de tribunales con competencia en Familia.
Al finalizar la reunión, la especialista adelantó que la intención es poder contar con una propuesta de redacción que incorpore todos los aportes para mediados de agosto. Lo dijo al confirmar que mantendrá una nueva reunión con el cuerpo el lunes 31 de ese mes para avanzar con las modificaciones propuestas al documento.
Neuquén, 19 de junio de 2026.