Ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que busca declarar la Emergencia Alimentaria y Habitacional en la provincia por el término de un año. La iniciativa, presentada por el ciudadano Alfredo Andrés Cury, propone financiar esta medida de contingencia mediante un recorte del 70% en las partidas presupuestarias destinadas a la publicidad oficial y la pauta periodística del Estado provincial.
De acuerdo al texto presentado, la reducción afectará a las partidas vigentes y futuras, contratadas para la producción, difusión y colocación de propaganda institucional en medios de comunicación. Los fondos resultantes de este recorte tendrán como destino irrevocable la asistencia alimentaria y la mejora de la infraestructura habitacional de los sectores más vulnerables de la sociedad neuquina.
Para garantizar la administración y transparencia de los recursos, el proyecto propone la creación del “Fondo Provincial de Emergencia Alimentaria y Habitacional” (FEAH). Este fondo funcionará administrativamente bajo la modalidad de Cuenta Especial dentro de la órbita del Ministerio de Economía, Producción e Industria.
Los recursos de dicho fondo se destinarán a la adquisición de alimentos de primera necesidad para distribuir en comedores comunitarios y merenderos escolares y a la construcción de viviendas (obras de infraestructura básica, mejoramiento habitacional, regularizacion dominial de asentamientos populares, adquisición de lotes y construcción de unidades habitacionales nuevas).
El FEAH se constituirá a partir del 70% detraído del presupuesto publicitario, así como de donaciones, aportes específicos de organismos nacionales o internacionales, herencias y recursos adicionales reasignados en virtud de las reestructuraciones presupuestarias que autorice la ley.
La iniciativa contempla además, en el marco de la declaración de emergencia, la puesta en marcha de un plan de regularización dominial y exenciones arancelarias para fomentar el acceso a la vivienda.
En los fundamentos, Cury advierte que la provincia atraviesa una realidad dual de características superlativas. Por un lado, destaca que la intensificación de la actividad hidrocarburífera genera ingresos fiscales históricos para la tesorería provincial, proyectando un superávit presupuestario sostenido. Como muestra de ello, detalla que la ley 3481 fijó los recursos del ejercicio 2025 en más de 5,8 billones de pesos, mientras que la ley 3552 fijó el Presupuesto General 2026 en $7.440.756.391.052, con un resultado financiero superavitario proyectado.
Sin embargo, el autor señala que el vertiginoso desarrollo petrolero trajo aparejado un severo desequilibrio macroeconómico local. Los elevados salarios del sector energético provocaron el encarecimiento del costo de vida, especulación inmobiliaria y una escalada en los precios de la canasta básica que empujó a amplias franjas de la población a la extrema vulnerabilidad.
El documento fundamenta la urgencia citando datos del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que reflejan que miles de familias residen en asentamientos informales bajo condiciones de hacinamiento y precariedad. Estas comunidades carecen de acceso a servicios básicos esenciales como agua corriente, red cloacal, gas y energía eléctrica domiciliaria con medidor. Además, se advierte que un porcentaje significativo de estos hogares incluye a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad alimentaria directa.
Ante este escenario, Cury remarca que el Estado debe garantizar el derecho fundamental a la alimentación —reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con jerarquía constitucional— y el acceso a un hábitat digno. "No puede convalidarse la existencia de partidas multimillonarias destinadas a la propaganda institucional prescindible cuando las necesidades básicas de alimentación e infraestructura urbana de los sectores más vulnerables permanecen insatisfechas", concluye.
El proyecto de ley (18495) ingresó por Mesa de Entradas el 30 de julio de 2026.