El diputado César Parra (PTS-FIT-U) presentó un proyecto de ley con el objetivo de regularizar los contratos de locación de inmuebles destinados a vivienda única y permanente en la provincia. La iniciativa surge por la crisis habitacional y como respuesta a la desregulación del mercado inmobiliario
En este sentido, la propuesta busca establecer un marco normativo que garantice condiciones contractuales justas para los locatarios. Por lo cual, fija en 3 años el plazo mínimo legal para los contratos de alquiler habitacional, determinando que cualquier cláusula que estipule un tiempo inferior se considerará no escrita.
En cuanto a los valores, el proyecto establece que el precio de los alquileres sólo podrá actualizarse de forma anual. El índice de incremento se calculará mediante el promedio entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Neuquén y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Asimismo, la norma prohíbe expresamente el uso de bonificaciones, tasas usurarias o metodologías que afecten la transparencia de la relación contractual.
Para asegurar la efectiva aplicación de la ley, se prevé la creación de la Comisión Provincial de Seguimiento y Control de Locaciones Habitacionales. Este organismo estará conformado mediante convocatoria pública por representantes de la Federación de Inquilinos, sindicatos y organizaciones sociales competentes en la materia.
En los fundamentos de la iniciativa, Parra advierte sobre la grave crisis habitacional que afecta a la provincia. Según datos de la última Encuesta de Hogares, aproximadamente el 30% de la población neuquina —más de 210.000 personas— alquila su vivienda. El legislador manifiesta que la falta de planes de viviendas populares, loteos y créditos hipotecarios accesibles, sumada a la especulación inmobiliaria y a la derogación de las leyes nacionales de alquileres, obliga hoy a las familias a destinar más del 50% de sus ingresos al pago de la renta.
Además, sostiene que si bien la solución definitiva requiere una política habitacional integral basada en la construcción y el acceso al crédito, la provincia debe ejercer sus facultades para defender el derecho a la vivienda y frenar los abusos de un mercado completamente desregulado.
El proyecto de ley (18500) ingresó por Mesa de Entradas el 3 de agosto de 2026.