El diputado Marcelo Bermúdez (PRO- NCN) presentó un proyecto de ley para autorizar al Poder Ejecutivo provincial a celebrar convenios que permitan incorporar al sistema de videoseguridad y monitoreo de la Policía las imágenes captadas por cámaras privadas ubicadas en lugares públicos o espacios privados de acceso público.
La iniciativa apunta a sumar al esquema de monitoreo provincial los dispositivos instalados por particulares en viviendas, comercios e industrias que registran imágenes del espacio público. Para ello, prevé que el Ministerio de Seguridad, como autoridad de aplicación, tenga a su cargo la celebración de los acuerdos y la custodia, utilización y eventual destrucción de las imágenes y datos obtenidos.
El proyecto establece que la incorporación de cámaras privadas deberá respetar el derecho al honor, la intimidad personal y familiar, la libertad, la propia imagen y la identidad. También contempla la posibilidad de recurrir ante la Justicia para solicitar el acceso o la cancelación de grabaciones cuando una persona considere que alguno de esos derechos fue afectado.
A su vez, quienes por sus funciones tengan acceso a las imágenes, sonidos o datos estarán obligados a mantener su confidencialidad, incluso después de finalizar su vínculo con el organismo encargado del monitoreo o la custodia de los registros. El incumplimiento será considerado una falta grave y podrá dar lugar a sanciones disciplinarias y a las responsabilidades previstas en la normativa sobre protección de datos personales y en la legislación penal.
En los fundamentos, el autor señala que la provincia realizó inversiones en cámaras y centrales de monitoreo y plantea complementar esa infraestructura con dispositivos de propiedad privada que ya registran espacios públicos. En ese sentido, sostiene que la integración permitiría ampliar la cobertura del sistema sin que el Estado deba instalar la totalidad de los equipos.
También menciona como antecedente la utilización de registros de cámaras particulares para identificar a responsables de hechos delictivos y plantea que el acceso de la Policía a esas imágenes en tiempo real podría facilitar una intervención inmediata ante este tipo de situaciones.
El proyecto (18541) ingresó por Mesa de Entradas el 12 de agosto.