Ingresó a la Legislatura un proyecto de ley para garantizar la accesibilidad cognitiva y la inclusión universal en todas las dependencias e instalaciones de los organismos de la administración pública.
La iniciativa propone la señalización e identificación edilicia obligatoria a través del Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes (PECS, por sus siglas en inglés) con Pictogramas de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) o equivalentes de dominio público.
Tamara Pereyra y Emiliano Silva, autores del proyecto, detallan que la medida alcanzará a las salas de espera, áreas de atención al público, oficinas de trámites administrativos, sanitarios y ascensores, entre otros espacios estatales clave.
De modo que para asegurar una correcta implementación, sostienen que las imágenes deberán contar con alto contraste, un diseño simplificado y tipografía legible. Agregan que la normativa exige que los elementos visuales se ubiquen a una altura y alcance táctil adecuados para niños, usuarios en sillas de ruedas, personas con disminución en la agudeza visual y además con texto descriptivo en macrotipo y sistema Braille.
En los fundamentos de la propuesta, los impulsores consideran que la información y la autonomía dentro del espacio público son derechos fundamentales para todas las personas. El texto advierte que para quienes presentan condiciones del espectro autista (TEA), discapacidad intelectual, afasia o barreras lingüísticas, los entornos urbanos e institucionales suelen presentar obstáculos invisibles pero determinantes en la comunicación.
Por este motivo, el uso de herramientas de comunicación aumentativa y alternativa (CAA) en la señalética oficial busca permitir que toda la ciudadanía se oriente, comprenda y desplace con la mayor autonomía posible, reduciendo la ansiedad ante ambientes desconocidos y fomentando la independencia de forma igualitaria.
El proyecto de ley (18719) ingresó por Mesa de Entradas.