El diputado César Parra (PTS-FIT-U) presentó un proyecto de resolución para que el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales intervenga en la regularización dominial de los lotes 3 y del cementerio (ex reserva de la industria ladrillera) en Picún Leufú.
La iniciativa busca proteger a las familias que habitan y producen en la zona desde hace décadas, quienes carecen de títulos registrales que respalden su posesión histórica. Según el legislador, esta desprolijidad administrativa genera una grave inseguridad jurídica que expone a los pobladores a sufrir posibles desalojos o despojos.
Para abordar la problemática, la propuesta solicita formalmente a la cartera ambiental y turística un informe técnico-jurídico integral sobre el estado de las tierras en conflicto. Además, Parra pide evaluar la viabilidad legal para iniciar los procesos de titulación a favor de los habitantes del sector, o bien estudiar la factibilidad de una expropiación basada en la ley provincial 263. El objetivo primordial es dar una respuesta definitiva tanto a los reclamos de los vecinos afectados como a los planteos de la Comisión de Riego Margen Derecha.
El legislador señala que conflicto salió a la luz tras un pedido de ampliación de un callejón en el lote 3 realizado por la comisión de riego el 1 de abril de 2022, el cual derivó en una inspección de la Dirección Provincial de Tierras. Dicho procedimiento reveló que el espacio correspondía a una propiedad privada, un dato que era completamente desconocido por los habitantes y por el municipio. Hasta ese momento, las familias habían consolidado sus viviendas y gestionado servicios esenciales bajo la presunción de que ocupaban tierras fiscales o áreas en vías de regularización.
Ante esta situación, el legislador indica contradicciones entre los registros formales de propiedad y los actos del Estado provincial y municipal, ya que desde 1971 otorgaron constancias de ocupación y habilitaron servicios. Parra sostiene que la incertidumbre actual vulnera los derechos básicos de los pobladores y contraviene el principio de buena fe administrativa. Por ello, resalta la urgencia de una intervención institucional que realice un estudio riguroso y respete la legítima posesión de quienes define como los auténticos trabajadores del campo.
El proyecto de resolución (18728) ingresó por Mesa de Entradas el 15 de octubre de 2026.