Ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que busca establecer mecanismos de transparencia en las instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada de la provincia. La iniciativa, presentada por el ciudadano Gabriel Gómez, promueve la publicación periódica de información sobre la matrícula escolar, los fondos percibidos y los gastos ejecutados en cada institución.
En este sentido, su autor, sostiene que la finalidad de la propuesta es que las familias, los docentes y la ciudadanía evalúen el uso de los recursos educativos en sus propias comunidades, ya que el control no debe limitarse a los organismos administrativos.
Por esto, en los fundamentos Gómez considera que la iniciativa contempla la difusión obligatoria de datos detallados en tres ejes centrales. El primer bloque abarca la matrícula estudiantil con su distribución por niveles y turnos, además de indicadores de repitencia y abandono, siempre con un estricto resguardo de la identidad de los alumnos. El segundo apartado detalla los ingresos de fondos públicos, mientras que el último exige el desglose de los gastos con fechas, conceptos, proveedores y comprobantes respaldatorios.
En tanto, señala que el acceso a estos datos facilita la detección de gastos innecesarios y la identificación de necesidades desatendidas en los establecimientos. Asimismo, el texto resalta que el control ciudadano complementa la tarea de las autoridades competentes y refuerza la confianza institucional. Una comunidad informada posee más herramientas para acompañar las prioridades de su escuela y solicitar explicaciones fundadas sobre la gestión.
Agrega que para asegurar este derecho, la norma propone la habilitación de canales físicos y digitales de consulta adaptados a las condiciones de conectividad de cada localidad. La implementación prevé formatos sencillos, criterios uniformes y programas de capacitación para los equipos directivos.
Para finalizar, “la transparencia no es una concesión de las autoridades, es una obligación inherente a la gestión de recursos que pertenecen a todos. Los neuquinos tienen derecho a saber en qué se gastan sus impuestos y a recibir una respuesta basada en datos verificables, no solamente en anuncios o afirmaciones generales”, indica Gómez al fundamentar el proyecto.
El proyecto de ley (18732) ingresó por Mesa de Entradas el 19 de octubre de 2026.