La comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento (G) retomó el análisis del proyecto de actualización del sistema “Alerta Nati”, procedimiento destinado a iniciar y difundir la búsqueda de menores de edad que se encuentran desaparecidos. Lo hizo esta mañana con la participación de funcionarias de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, ocasión en la que también recibió a autoridades de la Facultad Regional del Neuquén de la UTN, quienes reclaman el efectivo cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.
La Subsecretaria de Niñez y Adolescencia, Claudia Mesplatere, respaldó la propuesta de reforma de la ley que creó el “Alerta Nati” –impulsada por el ciudadano Mariano Rolla- y aportó una serie de sugerencias orientadas a modernizar los mecanismos de búsqueda con tecnología actual, fortalecer la comunicación interjurisdiccional e incorporar herramientas que permitan una respuesta estatal inmediata.
Mespletere sugirió, entre otros aspectos, complementar la propuesta con disposiciones que aseguren la efectiva recepción de las denuncias, la articulación entre los organismos intervinientes, el resguardo de la información y la continuidad de la intervención luego de la localización.
El informe que presentaron desde la cartera propone que la reforma contemple ciertos requisitos para la celeridad del proceso, como por ejemplo que no se exijan plazos de espera, pruebas previas, acreditación de un delito ni un vínculo familiar determinado para recibir la denuncia; que ninguna dependencia policial pueda rechazarla por razones de competencia territorial y que la falta de documentación y fotografía reciente no impida su recepción ni el inicio de las acciones urgentes de búsqueda.
En cuanto a la incorporación de nueva tecnología, las funcionarias consideraron pertinente habilitar herramientas tecnológicas útiles para la búsqueda, sujetas a reglas de necesidad, proporcionalidad, seguridad de la información y control, orientadas a aplicar el procedimiento en nuevos formatos de difusión.
Además, Mespletere pidió que las modificaciones no conlleven una mirada punitiva ante la desaparición ya que, en muchos casos, se trata de ausencias voluntarias en las que los adolescentes se encontraban con algún familiar o conocido. También puntualizó en la importancia de dar de baja la difusión de la imagen o el alerta una vez localizada la persona, a fin de evitar la sobre-información y su impacto en posibles futuras desapariciones.
“Es necesario aggiornar y actualizar” la legislación que creó en el año 2010 el Alerta Nati, sumó a su turno Jorgelina Novoa -directora provincial de Dispositivos de Cuidados Formales y Medidas Excepcionales-. La funcionaria remarcó que activar el alerta en una comisaría implica un trámite de cuatro a cinco horas, lo que constituye “un obstáculo real” en la práctica.
Novoa mencionó que en la actualidad se activan en forma permanente este tipo de alertas ante la ausencia de adolescentes que no regresan a horario a los dispositivos de cuidado formal pero que luego aparecen. Sobre este punto, remarcó la importancia de que la letra de la ley regule el procedimiento en forma específica para los casos al interior de este tipo de dispositivos de alojamiento.
Tras la intervención de las funcionarias, el cuerpo que preside la diputada Yamilia Hermosilla (Comunidad), acordó continuar con el tratamiento de la propuesta, con la opinión al respecto de la fuerza policial y del Ministerio de Seguridad.
La Facultad Regional Neuquén de la UTN pidió mayor financiamiento universitario
En otro orden, los diputados y las diputadas recibieron a la decana de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Patricia González, y al secretario general de coordinación, Pablo Mendoza, en el marco del proyecto de declaración que apoya el reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento del sistema universitario.
El objetivo central del pronunciamiento legislativo “es sensibilizar a la comunidad en general” de la situación financiera que atraviesan las casas de altos estudios de gestión pública ante la reducción presupuestaria y el incumplimiento de la ley que las financia, dijo González al iniciar su alocución.
La decana informó que la UTN cuenta con una matrícula de 138 mil estudiantes, de los cuales 1.100 son de la Facultad Regional del Neuquén. Remarcó que el 38% de los ingenieros del país se forman en dicha universidad, que cuenta con 30 facultades y un instituto en distintos puntos del país.
“En general nunca nos alcanzó la plata, pero ahora nos alcanza menos”, aseguró González al señalar que los recursos estimados por las unidades universitarias para el 2027 rondan los 11 billones de pesos, mientras que el Ejecutivo nacional presupuestó solo 7 billones.
En otro tramo, se refirió a la última auditoría de la UTN, de fines de agosto, la que arrojó que el 88% de los gastos de funcionamiento en la Facultad Regional son financiados con recursos propios y sólo el 12% restante con fondos nacionales. “Si tuviésemos que funcionar con las transferencias de Nación, no podríamos funcionar”, aseguró en tal sentido.
En materia de sueldos, recordó que el plantel docente tuvo un ajuste salarial del 21,33% en junio, lo que se traduce –según dijo- en dos millones de pesos de sueldo para un docente titular con dedicación exclusiva y una carga horaria de 40 horas, y en 500 mil pesos para uno con dedicación simple. Por su parte, los ingresos de la planta de personal no docente de toda la u niversidad no superan la línea de pobreza, añadió.
En materia de gastos de mantenimiento y contrataciones, indicó que la facultad eroga 135 millones de pesos mensuales, que se afrontan en su totalidad con recursos propios. Sobre este punto, la decana detalló que, de contar con el financiamiento adecuado por parte de Nación, los recursos que hoy destinan a funcionamiento se podrían dirigir a nuevas ofertas académicas, modernización de equipamiento y mejoramiento de infraestructura, entre otros aspectos que conforman a la calidad de la educación.
A su turno, Mendoza se refirió al impacto en materia tanto administrativa como de calidad educativa que implica la reducción de fondos. Por caso mencionó el recorte de las becas Progresar y Belgrano, que tienen valor aproximado actual de 40 mil y 100 mil pesos, respectivamente.
Más adelante, aseguró que la política de reducción del actual gobierno repercute de forma directa en la calidad educativa ya que el presupuesto se traduce en “una caja-sueldo”, en tanto el 95% alcanza para cubrir salario y solo el 5% restante para afrontar gastos de funcionamiento y medidas de sostenimiento de la calidad educativa.
Durante el final de la reunión, el cuerpo funcionó en minoría, por lo que acordó solicitar el tratamiento sobre tablas en la próxima sesión del proyecto en cuestión, presentado por el bloque del MPN.
Neuquén, 29 de octubre de 2026.