El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres, presentó un proyecto para actualizar los importes que, en concepto de tasas, se recaudarán por el servicio de justicia durante el 2027. El incremento de los valores fijos busca atenuar los efectos del proceso inflacionario, respetando los criterios de igualdad, proporcionalidad, generalidad y no confiscatoriedad, que constituyen los pilares del principio de capacidad contributiva, según explica Mazieres en la fundamentación de la iniciativa.
El articulado propone la modificación de capítulos de tasa de actuación judicial vigentes en la ley impositiva (N° 3541), que constituyen los recursos propios del Poder Judicial, según lo establecido en la ley de "Autarquía Financiera" (N° 1971). Así, se reforman los títulos referidos a tasas retributivas de servicios, de carácter judicial y administrativas y de servicios del cuerpo médico forense.
La iniciativa propone la readecuación de los artículos vinculados a la Dirección General del Registro de la propiedad inmueble, en el que se incorporan tres hechos imponibles: la solicitud de copia de la plancha de inscripción; la conversión de medidas cautelares de embargo y los pedidos de desistimiento de inscripción o registración. Además, se dispone la supresión formal del trámite de rúbrica de libros de consorcios de propiedad horizontal, en función de la ausencia de competencia legal específica del Registro en la materia, su insignificante volumen operativo y su nulo impacto recaudatorio, permitiendo reasignar capacidad operativa a funciones esenciales.
A la vez, en materia arancelaria, se contempla un ajuste diferencial en las tasas de monto fijo de dicho Registro, medida que responde a la necesidad de atenuar el retraso tarifario de los aranceles registrales locales en comparación con los valores vigentes en otras jurisdicciones provinciales, explica Mazieres.
Asimismo, y ante la implementación de las tramitaciones digitales programadas para el próximo año, se propone instituir una bonificación del 20% sobre los valores tarifados en soporte físico, a fin de estimular su empleo preferente y profundizar la modernización del sistema registral.
Finalmente, y atento a la puesta en marcha del Laboratorio de Toxicología Forense, se readecua el arancelamiento pericial mediante la inclusión del inciso de “Pericia Toxicológica", con ocho sub-incisos: pericias cualitativas y cuantitativas de sustancias incautadas por población de hasta 100 unidades y mayores a 100 unidades; pericia de alcoholes o sustancia volátiles por matriz; pericia de monóxido de carbono en sangre; pericias cualitativas y cuantitativas de drogas de abuso/psicofármacos por matriz.
El proyecto de ley (18772) ingresó por Mesa de Entradas el 29 de octubre.