La comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones invitó a integrantes de la Cámara de Comercio de Zapala y de Minería (en formación) para avanzar en el tratamiento de la iniciativa que crea un nuevo Código de Procedimiento Minero para la actividad en la provincia.
En la ocasión, el cuerpo escuchó el pedido de Juan Lozano, Julio Álvarez, Fernando Pestalardo y Juan Colombino de incorporar una serie de modificaciones para adecuar plazos de notificación, flexibilizar el uso del expediente electrónico, generar instancias intermedias de mediación, dotar de seguridad jurídica al concepto de “yacimiento en reserva” y no priorizar a Cormine SE en la remisión de concesiones que vencen o en las que no se invierte, entre otros puntos.
Al hablar, Lozano –responsable de la cámara de productores mineros- recordó que la actividad cuenta con cerca de 400 productores activos que se dedican a la extracción de arcillas y piedra laja destinada a la construcción. En su intervención, solicitó desburocratizar trámites administrativos, fijar plazos coherentes y tener en consideración que no se trata de una práctica extractiva vinculada al petróleo al momento de fijar multas.
En tanto, Pestalardo recordó que el sector nuclea en su mayoría a pequeños, medianos y hasta productores unipersonales. Lo dijo al señalar que en el articulado deben quedar reflejadas las necesidades de la minería a baja escala. Acompañó la decisión del proyecto de establecer criterios y medidas para terminar con la especulación que puede aparecer al momento de otorgarse una concesión, no obstante reclamó alternativas distintas para avanzar en la materia.
También pidió que desde el Estado se actúe con mayor celeridad en materia de plazos al indicar que demoras innecesarias pueden provocar trastornos logísticos vinculados a la obtención de la guía minera. “No podemos sacar ni un gramo de mineral del yacimiento sin esta aprobación”, apuntó.
A su turno, Colombino sostuvo que en la actualidad se encuentran demorados entre 50 y 60 expedientes en oficinas administrativas y que la situación se encuentra vinculada a la decisión de tener que presentar requerimientos similares tanto en dependencias de Medio Ambiente como en sede de Minería.
De igual modo, el invitado puso el foco en el rol de Cormine como empresa priorizada ante cualquier situación de vacancia, remisión o caducidad de una concesión minera. Sobre este punto, pidió igualdad de condiciones en el acceso a nuevas áreas y que, en caso de acceder a esta preferencia, se le impongan las mismas obligaciones que debe aprobar cualquier productor o concesión minera privada.
Al inicio de la reunión, el presidente del cuerpo, Damián Canuto (PRO-NCN) adelantó que se trabaja en la redacción de un despacho alternativo que incorpora como norma supletoria del Código a la ley de Procedimiento Administrativo – N° 1289- en lugar del Código Procesal Civil Adversarial que el año pasado fue aprobado por la Cámara.
Neuquén, 12 de noviembre de 2026.-