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Proponen garantizar la neutralidad del Estado durante las campañas electorales

Ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que busca impedir la utilización de recursos del Estado con fines proselitistas durante los períodos electorales. La iniciativa, denominada “Ley de Neutralidad e Igualdad Electoral”, es impulsada por el particular Juan Mariano Iturbide y apunta a garantizar la equidad en las condiciones de competencia electoral y la transparencia en el uso de recursos.

Iturbide asegura que “la función pública y la administración del Estado no deben ser usados para beneficio partidario ni como botín de un partido o agrupación gobernante”, por lo que la legislación apuna a generar prohibiciones en el uso de fondos, recursos y medios institucionales del Estado por parte del gobierno de turno.

Así, el articulado de la propuesta establece que ninguno de los Poderes del Estado, organismos descentralizados o entes con participación estatal podrán desarrollar campañas de comunicación institucional que promuevan la imagen, nombre, voz, trayectoria o aspiraciones electorales de funcionarios que sean candidatos o participen activamente en una campaña electoral. Dicha restricción incluye la utilización de expresiones, imágenes, símbolos, colores, lemas o elementos identificatorios que permitan asociar la comunicación institucional con una candidatura o agrupación política.

Con igual criterio prohíbe, durante el período electoral, la realización de actos oficiales de inauguración de obras públicas, establecimientos, edificios, instalaciones, servicios o proyectos financiados con recursos del Estado, cuando dichos actos impliquen promoción de resultados de gestión o puedan generar una ventaja electoral para funcionarios o candidaturas.

La medida también regula el contenido de redes sociales y plataformas digitales oficiales, al prohibir publicaciones de promocionales de gestión o transmisiones de actos proselitistas orientadas a favorecer candidaturas.

A la vez impide que funcionarios y agentes públicos utilicen bienes, instalaciones, vehículos, equipos, fondos, sistemas informáticos, servicios de comunicación, personal o cualquier otro recurso del Estado provincial para actividades de campaña electoral. Los funcionarios que participen en actividades de campaña deberán hacerlo fuera del ejercicio de sus funciones públicas y sin utilizar recursos, personal, instalaciones ni medios institucionales.

Frente a hechos de incumplimiento, la ley dictamina que se determinarán las responsabilidades que correspondan de acuerdo con la naturaleza jurídica del cargo del funcionario en cuestión y del régimen legal aplicable. En caso de que la gravedad de la conducta justifique su remoción, podrán promoverse los mecanismos de separación, remoción o responsabilidad previstos por la Constitución provincial y las leyes, respetando las competencias de la autoridad que corresponda.

La “ley de Neutralidad e Igualdad Electoral” contribuirá a garantizar la neutralidad institucional de los organismos del Estado provincial durante los procesos electorales, proteger la igualdad de oportunidades entre las agrupaciones políticas y prevenir la utilización de recursos públicos con fines de promoción electoral, explica su autor en la fundamentación. 

El proyecto de ley (18845) ingresó por Mesa de Entradas el 19 de noviembre.