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Cuestionan protocolo que habilita intervención del Ejecutivo y limita a las Defensorías de los Derechos del niño, niña y adolescente

El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) presentó un pedido de informe dirigido al Ministerio Público de la Defensa para que brinde detalles sobre el protocolo de intervención en las guardias de las Defensorías de los Derechos del Niño, Niña y el Adolescente de la I Circunscripción Judicial, procedimiento aprobado el mes pasado mediante resolución 19/2023 de dicho organismo. 

El legislador advierte que, con la puesta en práctica de dicho protocolo, puede ocurrir que la cartera de Desarrollo Social, u otros efectores, tomen medidas decisivas sin la intervención de la Defensoría de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente.

En efecto, explica que el protocolo en cuestión delega, luego de las 14 horas, en el Ministerio de Desarrollo Social todas las evaluaciones para salvaguardar la integridad y la vida de un niño, niña u adolescente que se encuentra en riesgo. En ese sentido, en el pedido dirigido a la Defensoría le consulta sobre la “situación fáctica existente” en las Defensorías de los Derechos del Niño, Niña y el Adolescente de la I Circunscripción Judicial a la que se refiere la resolución; la  referencia normativa en la que se fundamenta tal resolución así como también cuáles son los mecanismos que prevén para garantizar el patrocinio jurídico de los niños, niñas y adolescentes. Finalmente, busca conocer también sobre las medidas y las acciones impulsadas para garantizar las funciones y atribuciones que la ley provincial 2302 le asigna al “Defensor de los derechos del niño y adolescente”.

Los fundamentos mencionan que el pedido de informe surge la preocupación de profesionales y organizaciones en defensa de los derechos de las infancias y adolescencias de Neuquén ante la resolución del Ministerio de la Defensa, que podría vulnerar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a contar con un defensor en el ámbito de la justicia (ley 2302). En ese sentido, retoman consideraciones de profesionales y referentes del cuidado de las infancias y la adolescencia, que aseguran que la medida afecta la garantía judicial de los niños, niñas y adolescentes. 

El proyecto de resolución (15969) ingresó por Mesa de Entradas el 18 de abril.