El gobernador Rolando Figueroa presentó un proyecto para crear el “Plan de reactivación de obra pública provincial”, que tendrá una vigencia de dos años, prorrogable por otros dos. La medida apunta a reactivar aquellas obras iniciadas en materia de educación, salud, seguridad, viviendas, vialidad y servicios (electricidad, gas, agua y saneamiento) que, por distintos motivos, se encuentran paralizadas.
A tal fin, la propuesta autoriza a los organismos comitentes de obras públicas a disponer la renegociación con aumento o disminución de las prestaciones, a modificar las condiciones contractuales originales de las obras por razones de oportunidad, mérito y conveniencia a los intereses fiscales y sociales o a disponer la rescisión de tales contratos que generen obligaciones a cargo del Estado provincial.
En tal sentido, establece tres condiciones de renegación de contratos de obra pública: adecuación del plan de trabajos; adecuación del proyecto respectivo cuando resulte posible técnicamente; renuncia del contratista a reclamar gastos improductivos, mayores gastos generales directos o indirectos, así como a cualquier otra compensación o indemnización derivada de la reducción del ritmo de obra o de su paralización- total o parcial-, devengados desde la celebración del contrato hasta fines del año pasado; la eventual indemnización que pueda corresponder abonar al contratista en caso de no arribar a un acuerdo.
Los fundamentos aluden a la decisión del gobierno nacional de suspender o anular todo tipo de financiamiento destinado a la obra pública. En ese marco, aseguran que constituye una “máxima prioridad” del gobierno provincial hacer frente a dicha paralización que perjudica el acceso a múltiples servicios a toda la población.
En ese marco, el mandatario neuquino asegura que el objetivo del plan es adoptar “medidas excepcionales” orientadas a culminar las obras públicas en curso –unas 400 según figura en los fundamentos-, principalmente aquellas vinculadas a educación, salud y al sistema penitenciario, para el beneficio de toda la comunidad, “otorgando para dicha tarea el mayor dinamismo y reducción de la burocracia administrativa posible”.
El proyecto de ley (16613) ingresó por Mesa de Entradas el 9 abril.