La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) comenzó a tratar un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo provincial para crear un régimen de acción climática que apunta a incluir diversas estrategias en las políticas públicas orientadas a mitigar las consecuencias del cambio climático. A la vez, el cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (DC-Comunidad) votó por unanimidad la implementación de un código QR con el listado de precios actualizado de la canasta básica alimentaria e inició el debate de un proyecto orientado a la responsabilidad impositiva de funcionarios y empleados públicos que ingresen al Estado.
La diputada Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) explicó que el proyecto del Ejecutivo, que ya cuenta con despacho favorable de la comisión de Medio Ambiente (H), establece los principios, instrumentos y estrategias de acción climática en las políticas públicas, en concordancia con los presupuestos mínimos establecidos por la ley nacional 27.520. Agregó que la iniciativa contempla la puesta en marcha de un plan de acción que deberá actualizarse cada cinco años y la creación de un Gabinete Provincial de Acción Climática que presidirá el ministro Jefe de Gabinete y articulará la implementación del plan entre las distintas áreas gubernamentales. A la vez, prevé la constitución de un consejo asesor con participación directa de representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, de organizaciones sociales ambientalistas, de la actividad agrícola, del sector hidrocarburífero e industrial, de organizaciones de la sociedad civil, de universidades, de comunidades originarias y de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).
El diputado Claudio Domínguez (MPN) expresó su acuerdo con los lineamientos generales del proyecto y propuso solicitar opinión al COPADE y a la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgos, al advertir que está vigente una ley de enfoque de riesgo con similitudes a la iniciativa.
En tanto, Darío Martínez (UxP) pidió que se consulte sobre el proyecto al Ministerio de Energía y a la cartera de Ambiente, al introducir en el debate el impacto del desarrollo de Vaca Muerta.
Desde PRO-NCN, la diputada Verónica Lichter expuso que la iniciativa plantea un marco conceptual y las acciones específicas en el territorio las hacen las distintas agencias u oficinas, al tiempo que advirtió que el cambio climático requiere de mucho trabajo con las comunidades.
El tema continuará en tratamiento de la comisión.
Código QR con precios de la canasta básica
El proyecto de la diputada Mercedes Tullian (PRO-NCN) que busca promover la exhibición de precios de los productos que integran la canasta básica alimentaria mediante códigos QR obtuvo despacho unánime de la comisión A y continuará su tratamiento en la comisión de Hacienda y Presupuesto (B). El sistema se implementará en los supermercados con más de 4 sucursales e hipermercados mayoristas y minoristas.
La legisladora dijo que se trata de una herramienta que busca generar transparencia y facilitar el acceso de los consumidores a las actualizaciones de precios.
Proyecto de responsabilidad impositiva
En otro orden, el cuerpo comenzó a tratar un proyecto del diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) que establece la obligatoriedad para funcionarios públicos y empleados que ingresen al Estado a partir de la sanción de la ley de no tener deudas vencidas por cualquier concepto con el Estado Provincial.
“El espíritu del proyecto es que aquellos que cobramos un haber del Estado provincial no tengamos deuda con el Estado provincial”, explicó Bermúdez. La iniciativa fija que el monto mensual del descuento no podrá exceder el 50% del importe neto de la retribución mensual. El porcentaje fue objetado durante el debate y el diputado Francisco Lépore (Avanzar) sugirió reducirlo a un 30% del haber, en consonancia con “un criterio establecido jurisprudencialmente”.
Desde el MPN, Ludmila Gaitán anticipó su desacuerdo con la facultad que la iniciativa otorga al Ejecutivo para aplicar el descuento a las categorías de empleados con salarios muy bajos y cuestionó que no contemple una intimación previa.
Tras una serie de consultas planteadas sobre el alcance a personas que contratan con el Estado y la priorización de la cuota alimentaria, el proyecto continuará bajo análisis de la comisión.