La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) comenzó a debatir un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para crear el “Programa de sostenibilidad habitacional”, que tiene como objetivo establecer parámetros claros y uniformes de valuación y financiación de las viviendas provistas por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS).
El diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) explicó que la iniciativa, presentada por el ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry, busca generar una herramienta de cobro de las deudas que existen en materia de viviendas otorgadas a través del IPVU y ADUS. Señaló que en la historia de la provincia, se entregaron 58.000 viviendas, de las cuales el 17% se cancelaron. Agregó que de las 48.000 unidades habitacionales que quedan por cancelar, 5000 se encuentran en situación regular de pago de cuotas en tiempo y forma, mientras que las 43.000 restantes todavía no se cobraron y la mitad está en mora y la otra mitad ni siquiera se pusieron al cobro por distintos motivos, entre ellos la falta de mensura o de final de obra. “Resulta imperioso normalizar esta situación para generar recursos que permitan brindar nuevas soluciones habitacionales”, argumentó.
El legislador detalló que el proyecto contempla un registro de personas beneficiarias y que, en caso de registrarse una mora de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, se produce la caducidad del plan acordado. Añadió que esta situación, en el caso del IPVU, tiene como consecuencia la caída del contrato y la “novación” de la deuda que implica, luego de una instancia de tasación, un nuevo valor de casa, de cuota y de plazo. Informó que la iniciativa crea un certificado de libre deuda habitacional que será requerido a quienes contraten con el Estado.
Desde el MPN, Gabriel Álamo celebró la búsqueda de una herramienta de recupero pero pidió “un fuerte eje en la cuestión socioeconómica de las familias”, al considerar necesario revisar en cada caso la relación entre los ingresos y las posibilidades de pago, al alegar que no todas las personas se encuentran en la misma situación. Su compañero de bloque, Claudio Domínguez, expuso la situación que se registra en algunos municipios que no pueden cobrar el impuesto inmobiliario o la recolección de residuos por no saber quién tiene la tenencia de la vivienda y pidió que la ley contemple una herramienta que permita resolver esos casos.
Por Hacemos Neuquén, Guillermo Monzani hizo eje en el valor de las cuotas que, dependiendo del plan, oscilan entre los 200 y 2500 pesos, y en ese marco indicó que “el sistema, así como está, no funciona”.
Desde Avanzar, Francisco Lépore advirtió que si el Estado no recupera algo de lo que invierte en materia de viviendas, es imposible que continúe reinvirtiendo “en una provincia con un déficit habitacional de por lo menos 100.000 personas” y propuso que también se incluyan las situaciones en las que se constate que las unidades habitacionales del ADUS o IPVU estén en alquiler.
La diputada Zulma Reina (DC-Comunidad) respaldó la iniciativa y destacó que se trata de “un aporte solidario” que busca regularizar y ordenar. Su compañero de bloque Ernesto Novoa consideró que si bien el proyecto no va a solucionar la demanda habitacional de la provincia, “es un paso adelante”.
Desde PTS-FIT-U, Andrés Blanco remarcó que el proyecto introduce el debate sobre la situación del déficit habitacional de la provincia y opinó que el mecanismo que propone tampoco va a garantizar que haya un reflujo inmediato para dar respuesta a las necesidades de vivienda de las familias.
Declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios y funcionarias
En otro orden, el cuerpo retomó el debate del proyecto para que las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y funcionarias de los tres poderes del Estado adquieran carácter público y sean, por tanto, accesibles a la ciudadanía. Se trata de una iniciativa de la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) quien argumentó la necesidad de transparencia por parte de los funcionarios públicos y explicó que la ley que rige en la provincia para la presentación de declaraciones juradas es de 1958, por lo que consideró que es necesario adecuarla “a las nuevas tecnologías y a las nuevas realidades”.
A la vez, citó una nota periodística publicada recientemente por un diario regional en el que se informa que solo 128 funcionarios de los tres poderes del Estado cumplieron con su obligación e hicieron la presentación de sus declaraciones juradas patrimoniales desde 1991.
El diputado Francisco Lépore (Avanzar) coincidió en que la ley vigente quedó muy desactualizada y se expresó a favor de la transparencia y del carácter público. A la vez, propuso solicitar opinión al Tribunal de Cuentas.
Por JxC-UCR, César Gass recordó que la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales ante la Escribanía de Gobierno es obligatoria por ley y apoyó la intención de otorgarle carácter público.
Desde DC-Comunidad, Zulma Reina, expuso dudas sobre la publicidad de determinados datos, como el domicilio o la patente del auto, y lo vinculó a “situaciones complejas de seguridad”. “Es un tema delicado que tenemos que trabajarlo”, indicó.
Por el MPN, el diputado Claudio Domínguez se expresó a favor del proyecto y aclaró que el objetivo “no es conocer un domicilio, sino investigar el patrimonio de un funcionario público” y subrayó que “al administrar bienes públicos, tenemos que transparentar los bienes que nosotros tenemos”.
El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT-U) señaló que la cuestión de la transparencia está ligada a la corrupción y opinó que, si bien la iniciativa pone en consideración a la sociedad, no resuelve el problema de la corrupción.
El diputado Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) expresó que la ley no está vieja sino que tiene poco cumplimiento. En sentido similar se pronunció Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) al manifestar que el problema no es la falta de presentación de declaraciones juradas, sino la falta de consecuencias por no presentarlas.
La iniciativa permanecerá en comisión y la autora del proyecto propuso que se invite a los abogados Federico Egea y María Angélica Acosta Meza, quienes analizaron el tema, para que expongan su opinión.
Por otro lado, el cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (DC-Comunidad) comenzó a analizar un proyecto de modificación de la ley de creación del programa de promoción de sanidad y calidad frutihortícola, del MPN, y otro que promueve la convocatoria a veteranos de la Guerra de Malvinas para los actos de promesa de lealtad a la bandera en las escuelas primarias cada 20 de junio, impulsado por el diputado Alberto Bruno (Hacemos Neuquén). Ambas iniciativas venían con dictamen favorable de otras comisiones y permanecerán bajo análisis de la comisión A para incorporar algunas modificaciones.