La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) emitió despacho por mayoría al proyecto de ley que propone que los conductores de vehículos que generen un accidente vial por haber consumido alcohol o estupefacientes o por conductas irregulares graves, reintegren al Estado los gastos ocasionados para su atención médica o la de terceros afectados. A la vez, el cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (DC-Comunidad) habilitó por unanimidad el pase al recinto de los pliegos de designación de tres postulantes a defensores penales de Neuquén.
La iniciativa sobre recupero de siniestros viales es impulsada por el diputado Gerardo Gutiérrez (MPN) y ya había obtenido despacho favorable en la comisión de Desarrollo Humano y Social (C). Ahora continuará su tratamiento en la comisión de Hacienda y Presupuesto (B).
En ese marco, Gutiérrez hizo eje en la importancia de la normativa como una herramienta para concientizar sobre la seguridad vial y para salvar vidas. A la vez, destacó la amplia participación que se generó en el debate con el aporte de organizaciones y de otros bloques políticos.
El despacho obtuvo el apoyo de los bloques DC-Comunidad, MPN, Hacemos Neuquén, PRO, Avanzar, Juntos y UxP. En tanto, el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT-U) votó en forma negativa al considerar que las medidas punitivas no resuelven los problemas serios que tiene la sociedad y que lo único que modifica el proyecto, en relación con lo que ya existe, es que tiene un fin recaudatorio.
Entrevista a postulantes a defensores penales
Al inicio de la reunión, la comisión entrevistó a Matías Gómez Congost, Juan Pablo Piombo y Andrea Cornejo, ganadores en el Consejo de la Magistratura del concurso para defensores públicos penales de la I Circunscripción Judicial.
Los postulantes fueron consultados sobre la adhesión de Neuquén a la desfederalización del narcomenudeo, la propuesta del gobierno nacional para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, y la mayoría o unanimidad para lograr un veredicto en el juicio por jurados, entre otros puntos.
Gómez Congost, quien actualmente se desempeña como asesor jurídico de la defensa penal pública, se pronunció a favor de la unanimidad en el veredicto de un juicio por jurados, sobre todo en casos de prisión perpetua, y consideró que “no es una acertada idea” bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. Señaló que “lo más probable es que esos niños incurren en el delito por una serie de deficiencias o derechos que no han sido debidamente atendidos por su familia o por el Estado que no llegó a tiempo”. A la vez, argumentó que no hay una incidencia fuerte de la criminalidad juvenil en el mapa del delito y detalló que en Neuquén representa sólo el 1,8% de los delitos.
En cuanto a la propuesta de desfederalización del narcomenudeo, señaló que algunas provincias que adhirieron están evaluando la decisión de restituir la competencia a Nación porque se terminó sobrecargando el sistema de justicia penal. Manifestó que la Defensoría Pública no cuenta actualmente con la estructura y el recurso humano para afrontar la cantidad de causas que van a ingresar, al tiempo que advirtió que las figuras del comercio y la tenencia con fines de comercialización son delitos con penas que no son excarcelables, lo que generá impacto en la superpoblación carcelaria.
A su turno, Piombo hizo referencia a los 12 años que lleva como defensor en la ciudad rionegrina de Cipolletti y dijo que sería “saludable” aumentar de 8 a 10 los votos necesarios para un veredicto de culpabilidad en un jurado popular “para evitar el error judicial”. Consideró que la desfederalización del narcomenudeo “va a ser más trabajo para la justicia pero se va a poder” y manifestó que se debe contar con recursos.
En tanto, Cornejo –actual funcionaria en el interior en el Ministerio Público de la Defensa- opinó que “lo más justo es que para alcanzar un veredicto de culpabilidad se alcance por unanimidad” y mencionó que el principio de inocencia y la necesidad de un debido proceso requieren “que sea fallado por fuera de toda duda razonable”.
Al ser consultada por la desfederalización del narcomenudeo, consideró que si bien responde “a una necesidad real y concreta”, se necesitan recursos humanos y económicos y capacitaciones. También sostuvo que en las provincias que adhirieron las experiencias no fueron positivas porque no se logró combatir la venta al consumidor y el narcomenudeo. Por otro lado, indicó que la adhesión provincial va a profundizar la actual crisis carcelaria.