La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) votó por unanimidad el despacho al proyecto que fija un nuevo régimen de funcionamiento para la Subsecretaría de Trabajo. Lo hizo tras recibir al ministro de Trabajo, Lucas Castelli; al subsecretario Pablo Castillo y al secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, quienes se expresaron a favor de la iniciativa. Además, en la reunión de esta mañana, el pleno elevó al recinto el pliego de una candidata a defensora judicial y emitió también otros dictámenes que continuarán su tratamiento en la comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas -B- de esta tarde (ver aparte).
Como novedad, el cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (DC-Comunidad) incorporó al proyecto la creación de un fondo estímulo para el personal del organismo que será un adicional mensual, variable y no permanente, de carácter remunerativo. Para ese fondo se destinará un 20% de lo recaudado por el pago de multas, trámites arancelados y otras tasas o gravámenes que perciba la subsecretaría.
En su intervención, Castelli remarcó la necesidad de actualizar una ley de más de 40 años para “aggiornarla al mundo laboral actual” y a la política de regionalización del gobernador Rolando Figueroa, al tiempo que jerarquiza a la Subsecretaría y a los trabajadores y trabajadoras. Señaló que el gobierno provincial puso en funcionamiento “distintas patas” del organismo que no estaban funcionando y mencionó que, al asumir, “no sabíamos dónde iban las inspecciones ni cómo se llevaba el registro” e hizo referencia a la falta de obras y la situación de abandono de las delegaciones.
Detalló que en 2023 se realizaron 36 inspecciones de “Policía del Trabajo” y al mes de agosto de 2024, se registraron 311, mientras que en materia de “Higiene y Seguridad” fueron 168 el año pasado contra 180 en los primeros ocho meses del corriente año. En cuanto a las multas aplicadas, dijo que no se encontraron registros del período 2019-2023 y acotó que al mes de agosto del corriente año se aplicaron 29. También indicó que en lo que va del año se realizaron 1212 audiencias de conciliación, de las cuales el 95% se encuentran cerradas, y aclaró que no se encontraron registros de audiencias para el período 2019-2023, aunque sí hallaron 1300 expedientes entre el año 2014 y 2021 que estaban guardados y no tenían ni cobro de tasa ni estaban finalizados. Por otro lado, comparó la recaudación del organismo el año pasado que fue de menos de 50 millones de pesos contra los 195 millones de este año. “El espíritu de nuestra Subsecretaría no es recaudador sino fiscalizador”, aclaró tras resaltar que se lograron resultados que dan muestra de una Subsecretaría activa.
A su turno, Quintriqueo valoró la incorporación de sugerencias realizadas desde la organización sindical y remarcó la voluntad de lograr un proyecto “que se aggiorne a la realidad que estamos viviendo”. A la vez, celebró la jerarquización de la Subsecretaría y de los trabajadores, como así también enfatizó la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en ese ámbito ante un contexto nacional que busca debilitarlo.
Desde Avanzar, el diputado Francisco Lepore manifestó que el objetivo del proyecto es dotar al organismo de más herramientas y dinamismo, y reflejar la organización regional planteada por el Ejecutivo. Asimismo, explicó que apunta a que las delegaciones tengan competencias plenas para resolver los problemas laborales de los trabajadores y no funcionen únicamente “como bocas de recepción de trámites”.
El proyecto dispone cambios en el funcionamiento de las áreas de control, establece un criterio de regionalización para su aplicación en el territorio y aporta los elementos y recursos correspondientes para que las áreas de “Policía del Trabajo” y de “Higiene y Seguridad” puedan desarrollar de manera adecuada su labor. También establece de manera explícita que los trabajadores podrán acceder a asesoramiento letrado gratuito en caso de requerirlo.
Con respecto a la distribución geográfica, la normativa crea un esquema de delegaciones regionales que abarca las áreas Confluencia, Sur, Norte y Centro Oeste; y, en iguales términos, también ubica una delegación para Añelo y Rincón de los Sauces, denominada Vaca Muerta; y otra en Cutral Co que funcionará bajo el nombre de Comarca Petrolera. En cada una de ellas quedará habilitado un espacio para las áreas de Policía del Trabajo y de Relaciones Laborales, con la posibilidad de incorporar inspectorías zonales, en caso de ser necesario.
Neuquén, 1 de octubre de 2024.