El diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) presentó un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios a funcionarios y funcionarias públicas de los tres poderes del Estado. La iniciativa cuenta con la adhesión de sus pares de bloque Damián Canuto y Mercedes Tulian y busca determinar la presencia de sustancias pscicoactivas con el objetivo de garantizar la integridad, idoneidad y transparencia de la función pública.
Los exámenes toxicológicos serán obligatorios antes de asumir el cargo y, una vez en funciones, deberán realizarse una prueba cada dos años de manera obligatoria y aleatoria. La negativa a realizar el examen se considerará equivalente a un resultado positivo.
En caso que el resultado sea positivo, el funcionario o funcionaria podrá solicitar una contraprueba en un plazo de 48 horas. Si se comprueba el resultado, se procederá a suspenderlo, sin goce de haberes, mientras dure el proceso que determinará su continuidad o destitución.
Los fundamentos consideran que la medida permitirá reforzar la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar que los funcionarios desempeñen el cargo con plena conciencia y no se encuentren bajo los efectos de sustancias que puedan afectar la toma de decisiones, el juicio y la capacidad de liderazgo.
“En un contexto donde el gobierno nacional está inmerso en la lucha contra el narcotráfico y el consumo problemático de sustancias es un desafío prioritario del Estado, resulta imprescindible que los propios representantes del pueblo sean los primeros en dar el ejemplo”, sostiene el autor del proyecto.
A la vez, remarca que la medida también implica un compromiso con la transparencia y la seguridad de la ciudadanía.
“Garantizar que quienes toman decisiones estratégicas se encuentren en condiciones óptimas de salud contribuirá a mejorar la eficiencia en la administración pública y la calidad de las políticas implementadas”, afirma el legislador.
El proyecto (17481) ingresó por Mesa de Entradas el 7 de marzo.