Diputados y diputadas de Avanzar, Comunidad, MPN y Juntos presentaron un proyecto de ley para implementar exámenes de sustancias tóxicas a funcionarios del ámbito gubernamental, judicial y de seguridad, a fin de garantizar la inexistencia de sustancias que atenten contra “la idoneidad y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones”. El resultado de los análisis no derivará en una sanción automática, sino en un proceso administrativo que evalúe las circunstancias detrás de cada caso.
La propuesta alcanza al gobernador, vicegobernador, ministros, funcionarios del Ministerio de Seguridad, legisladores provinciales, funcionarios del Poder legislativo, jueces, fiscales y auxiliares que presten servicios en áreas relacionadas con la lucha contra el narcotráfico y narcomenudeo, personal policial y del Servicio Penitenciario, intendentes y concejales de los municipios que adhieran a la ley. Para los casos de representantes electos, la propuesta determina que deberán presentar el correspondiente resultado negativo al momento de oficializar las listas.
El examen será obligatorio y aleatorio, con una periodicidad mínima de tres veces al año, en instituciones públicas de salud o laboratorios autorizados. Se concretará bajo procedimientos de confidencialidad, privacidad, proporcionalidad y no discriminación. La detección de sustancias prohibidas no implicará la cesantía automática, sino que dará lugar a un procedimiento administrativo que evalúe la situación, considerando si se trata de un consumo ocasional, dependencia o uso médico justificado. La negativa a la realización del estudio se considerará como resultado positivo en forma automática.
Para los casos con resultados positivos, la iniciativa contempla cuatro posibles situaciones, todas bajo licencia médica obligatoria: evaluación del caso mediante un equipo interdisciplinario que determinará si se trata de consumo ocasional o dependencia; rehabilitación –sin goce de haberes- para los casos de dependencia; y reevaluación para, una vez finalizado el tratamiento, determinar su aptitud para el cargo. Finalmente se prevén sanciones “proporcionales” bajo las cuales se podrá suspender o remover a la persona en caso de reincidencia o de negarse a recibir un tratamiento. La propuesta aclara que para los funcionarios electos, la suspensión o revocación del mandato sólo podrá realizarse mediante el procedimiento constitucional correspondiente.
El Ministerio de Salud, que funcionará como autoridad de aplicación de la ley, creará una comisión evaluadora que funcionará con autonomía y emitirá los certificados de aptitud toxicológica para el desempeño de la función pública.
Los fundamentos argumentan que la medida responde a “la necesidad de asegurar que los funcionarios públicos estén en condiciones idóneas para ejercer sus funciones, libres de sustancias que puedan comprometer su capacidad de tomar decisiones responsables y efectivas”.
El proyecto de ley (17482) ingresó por Mesa de Entradas el 10 de marzo firmado por Francisco Lepore (Avanzar); Matías Martínez (Comunidad); Carina Riccomini (Juntos) y Gabriel Alamo y Claudio Domínguez (MPN).