El diputado Carlos Coggiola (Neuquén Federal) presentó un proyecto de ley que busca actualizar y fortalecer los mecanismos normativos para garantizar la percepción íntegra y oportuna de los honorarios profesionales de abogados y procuradores en la provincia. La iniciativa propone modificar el artículo 49 de la ley 1594 de Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores.
La propuesta introduce tres ejes clave de modernización legislativa. Por un lado, establece el uso obligatorio del IUS como unidad de cuenta referenciada en la regulación judicial. En segundo lugar, prevé la actualización automática del valor nominal del honorario al momento del pago, de acuerdo con el valor vigente del IUS. Por último, se incorpora un interés compensatorio expreso, fijo y razonable del 6% anual, con el objetivo de preservar el valor del crédito desde la mora hasta el pago efectivo.
De acuerdo a lo que explica el autor en los fundamentos, son medidas que buscan revertir los efectos negativos de tasas de interés insuficientes o ambiguas, en un contexto económico de alta inflación y depreciación monetaria, que generó una pérdida significativa del poder adquisitivo de los créditos regulados judicialmente.
“Cabe recordar que la naturaleza alimentaria del honorario profesional ha sido consagrada tanto por la jurisprudencia nacional como provincial, en virtud de su directa vinculación con el sustento del profesional del derecho. Como tal, exige una tutela normativa reforzada, que impida su degradación con el paso del tiempo”, argumenta el legislador.
Agrega que la introducción del IUS como unidad de cuenta obligatoria se inspira en la ley nacional 27.423, que establece el mismo principio mediante la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), para neutralizar los efectos de la inflación.
Por otro lado, menciona que la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) reconoció la necesidad de actualizar las tasas de interés aplicables en el fallo "Moreno Coppa". Además, en un reciente acuerdo plenario, modificó el criterio sobre intereses moratorios y tasas aplicables, consolidando un nuevo enfoque que refuerza la necesidad de parámetros claros y actualizados para proteger los derechos de los profesionales del derecho.
El proyecto (17545) ingresó por Mesa de Entradas el 3 de abril.