La diputada Ludmila Gaitán (MPN) presentó dos proyectos para modificar el artículo 20 de la ley 2786, de Protección Integral de Mujeres Víctimas de Violencia, y el artículo 28 de la ley 2785, de violencia familiar, con el fin de fortalecer el poder sancionatorio del Poder Judicial frente a los incumplimientos de medidas de protección dictadas en favor de las mujeres en situación de violencia.
La legisladora sostiene que las iniciativas buscan aumentar el tope máximo de detención a 30 días, así como habilitar a los jueces y juezas intervinientes a aplicar sanciones desde el primer incumplimiento de las medidas ordenadas, sin necesidad de esperar una reiteración de la conducta.
En este marco, Gaitán recuerda que actualmente el artículo 20 de la ley 2786 establece sanciones de multa y arresto ante el incumplimiento de las medidas dispuestas por la autoridad judicial, con un arresto de un máximo de 5 días condicionado generalmente a la reiteración del incumplimiento.
Al respecto, considera que esta limitación resulta insuficiente en términos preventivos, punitivos y disuasivos y, muchas veces no logra generar un efecto reparador ni correctivo en la conducta del agresor.
Por esto sostiene que los proyectos apuntan a dotar a la autoridad judicial de herramientas más eficaces, ágiles y proporcionales frente a la gravedad de la desobediencia judicial, que no puede ser tolerada cuando está en juego la integridad física, psíquica o emocional de las mujeres víctimas de violencia.
También agrega que la propuesta aspira a priorizar la prevención del daño, la protección efectiva de los derechos fundamentales y la reafirmación de la autoridad judicial como garante de los derechos humanos.
Los proyectos de ley (17565 y 17566) ingresaron por Mesa de Entradas el 8 de abril de 2025 y lleva las firmas de Ludmila Gaitán, Cielubi Obreque y Claudio Domínguez (MPN) y Carina Riccomini (Juntos).