La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) habilitó por unanimidad el pase al recinto del pliego de designación de Vanina Cevallos como defensora pública penal con destino a la Unidad Operativa de la II Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en Cutral Co. Lo hizo esta mañana tras la entrevista que realiza la comisión a los candidatos y candidatas que resultan seleccionados en los concursos del Consejo de la Magistratura.
En ese marco, la postulante -quien se desempeña como asesora jurídica en la defensoría pública de esa localidad desde 2021- expuso su posición sobre la reiterancia, el narcotest, la situación carcelaria y la baja de edad de punibilidad.
Ante consultas sobre la aplicación de la causal de reiterancia para dictar prisiones preventivas, la candidata explicó que el análisis debe basarse en los riesgos procesales reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos - la obstaculización en la investigación y el riesgo de fuga-.
Frente a un pedido de prisión preventiva basado únicamente en reiterancia, sostuvo que podría plantearse la inconstitucionalidad “si no está anclado a alguno de los dos riesgos reconocidos por la Convención Americana” y dependiendo de los elementos particulares de cada caso puntual. Señaló que el trabajo como defensores “siempre es velar para que se cumplan las garantías constitucionales”.
Aclaró además que, en la práctica, el “riesgo para la víctima o su familia” suele estar subsumido en el peligro de entorpecimiento de la investigación.
En cuanto a la ley de narcotest para funcionarios y funionarias de los tres poderes del Estado, se manifestó a favor “siempre que se respeten cuestiones como la identidad, la reserva, el debido proceso y la voluntariedad” establecida en la norma.
Consultada por la situación penitenciaria, Cevallos advirtió que la provincia “está en emergencia carcelaria” y mencionó que en la II Circunscripción las unidades de detención “están completas de cupo”. Acotó que, por esa razón, se habilitaron comisarías para alojar personas que ya están cumpliendo condenas, lo que consideró “un retroceso” en materia de derechos.
En relación con el debate nacional sobre la baja de edad de punibilidad, Cevallos consideró que una eventual reforma sería regresiva. Defendió el principio de especialidad en el sistema penal juvenil y advirtió que modificarlo “podría acarrear una responsabilidad internacional para el Estado”.
Neuquén, 2 de diciembre de 2025.-