Al inaugurar el 55° período de sesiones ordinarias, el gobernador Rolando Figueroa presentó ocho proyectos de ley, que tomarán estado parlamentario en la sesión ordinaria prevista para esta semana.
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
El proyecto (18159) crea la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias como organismo desconcentrado que auditará la eficacia y seguridad de medicamentos, técnicas quirúrgicas y dispositivos médicos. El objetivo es determinar qué innovaciones deben incorporarse a las prestaciones obligatorias, optimizando el gasto sanitario y garantizando la sostenibilidad del sistema de salud.
La entidad estará bajo la órbita del Ministerio de Salud y se enfocará en el desarrollo de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para elevar la calidad de la atención sanitaria.
Exámenes toxicológicos obligatorios al personal de salud
La iniciativa (18160) que dispone exámenes toxicológicos obligatorios a trabajadores de áreas críticas del sistema de salud, abarca al sector público y al privado y busca preservar la seguridad de los pacientes. Así, se garantiza que los profesionales que atiendan casos de alta complejidad o que requieran atención inmediata, no ejerzan prácticas médicas bajo el efecto de ninguna sustancia psicoactiva prohibida.
Los exámenes serán confidenciales, con instancias de derecho a defensa y garantía de protección de datos personales. Los mismos se tomarán al ingresar al sistema de salud o de manera aleatoria y sorpresiva al menos una vez al año.
Universidad Provincial de las Artes y la Cultura (UPAC)
El proyecto de la UPAC (18161) apunta a crear una institución pública con autonomía académica e institucional y autarquía económica y financiera, con sede central en la ciudad de Neuquén y alcance regional. Se prevé el dictado de carreras de pregrado y grado —con proyección a posgrado— y el desarrollo de actividades de docencia, investigación y extensión vinculadas al campo artístico-cultural.
La UPAC se integrará al Sistema Universitario Nacional, gestionará la validez nacional de sus títulos y contará con órganos de gobierno propios, además de un Consejo Social como instancia de vinculación territorial.
Régimen de protección de tierras productivas
El proyecto (18162) crea el régimen integral para la protección, recuperación y uso sustentable de tierras productivas está dirigido a aquellas bajo riego y drenaje, para promover su aprovechamiento racional y equitativo. La medida delimita con precisión aquellas áreas consideradas críticas; fija reglas claras para usos del suelo; crea incentivos a la productividad y a la eficiencia hídrica y establece una institucionalidad robusta para monitorear, evaluar y corregir.
La propuesta establece que la calificación agropecuaria de los suelos bajo riego tendrá carácter prioritario y permanente, y se admitirán excepciones por razones de interés público, previo dictamen técnico y procedimiento ambiental. En cuanto a los usos, el régimen explicita que en zonas productivas o con aptitud agrícola se prohíbe la instalación de loteos o urbanizaciones o cualquier actividad que altere la capacidad productiva. Se impide modificar el destino original de los suelos agrícolas protegidos hacia otros usos no vinculados a la producción primaria, tales como urbanos, industriales, residenciales, turísticos o de servicios.
Plan de Protección Integral de los trabajadores del sistema de salud
El proyecto (18163) su objeto es establecer un régimen integral de prevención, protección, sanción y reparación frente a situaciones de violencia ejercida contra el personal del sistema de salud, para garantizar condiciones laborales seguras, dignas y libres de toda forma de violencia.
La medida alcanza a profesionales y al personal en general de la salud. En este marco, el Plan combina protocolos de actuación, capacitación obligatoria y mejoras en la infraestructura de seguridad. Así, el Estado busca coordinar respuestas inmediatas y acompañamiento institucional, sumar campañas de sensibilización y registros estadísticos para combatir la problemática con políticas públicas basadas en la evidencia.
Asimismo, incorpora un régimen sancionatorio específico y establece asistencia médica y psicológica para los trabajadores que sean víctimas de violencia, acompañamiento institucional y reconocimiento de los hechos como riesgos laborales cuando correspondan.
Régimen Provincial de Acompañamiento de las Trayectorias Educativas de Estudiantes Deportistas
El proyecto (18164) crea un régimen para que deportistas de alta competencia o atletas que participen en forma periódica de eventos regionales o nacionales, puedan entrenar y representar a la provincia sin perder su instancia de alumno regular en el ámbito escolar.
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Para ello, se dispone de un sistema de inasistencias justificadas sin cómputo para que en las jornadas de competencia no se efectivice la falta al establecimiento educativo. El régimen también aplica a entrenamiento, concurrencia a campus o clínicas y días de viajes o traslados.
Actualización del Código de Procedimiento Minero
El proyecto para aprobar un nuevo Código de Procedimiento Minero (18165) apunta a reemplazar la ley 902, vigente desde 1975, para contar con una norma actualizada que fortalezca la gobernanza de los recursos naturales, fije reglas claras para el sector y garantice que el desarrollo minero se realice con seguridad jurídica, control ambiental y responsabilidad pública.
La iniciativa propone un ordenamiento integral que sistematiza en un único cuerpo normativo disposiciones hoy dispersas, establece mecanismos de control y de revisión judicial de las decisiones administrativas.
También adecua el régimen provincial a los cambios constitucionales, ambientales y tecnológicos registrados en las últimas décadas, integrando de forma orgánica la dimensión ambiental dentro del procedimiento minero. La elevación a rango legal de las disposiciones ambientales específicas fortalece el control estatal, otorga mayor transparencia al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y brinda mayor previsibilidad a los administrados.
Por otro lado, incorpora la tramitación electrónica de los expedientes mineros y contempla la utilización de herramientas digitales, la regulación del domicilio electrónico y la certificación de prioridad horaria que, además de agilizar los trámites, promueven transparencia, igualdad de oportunidades y acceso a la información pública.
Asimismo, establece reglas específicas para las concesiones de minerales de tercera categoría y contempla la actividad de investigación geológico-minera estatal, en línea con las competencias provinciales sobre la planificación y promoción del desarrollo económico.
Régimen de regalías y tasa de fiscalización de la actividad minera
El proyecto (18167) establece un régimen integral de regalías y un sistema de fiscalización minera en la provincia. Además, crea el Fondo de Desarrollo Minero y Sustentabilidad Ambiental (FODEMSA), como instrumento de asignación estratégica de los recursos provenientes de la actividad.
El régimen busca consolidar un marco normativo claro, previsible y jurídicamente seguro, que otorgue reglas estables para el Estado y para los operadores de la actividad y garantice la participación de la provincia en la renta generada por la explotación de sus recursos minerales.
Los sujetos que deberán afrontar el pago de regalías serán aquellas personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que exploten, industrialicen o comercialicen minerales concedidos por el Estado provincial. La escala porcentual, aplicada sobre el valor boca mina de los minerales extraídos será del 3% cuando los productos minerales sean sometidos a procesos de elaboración fuera de la provincia y del 2% cuando sean sometidos a procesos de elaboración al interior de la provincia. La reglamentación establecerá los criterios técnicos para la determinación y acreditación de los procesos de elaboración referidos.
También la propuesta crea el FODEMSA para financiar programas sociales y fortalecer la gestión ambiental a través de mejores capacidades de monitoreo. Por lo cual, para asegurar la transparencia y el cumplimiento de las normativas, la ley incorpora un régimen sancionatorio proporcional, reforzando el control estatal sobre el interés público provincial.
Neuquén, 2 de marzo de 2026.