La diputada Julieta Ocampo (FIT-U) presentó un proyecto de resolución para repudiar la reciente aprobación en el Senado de la Nación de las reformas a la Ley de Glaciares (N° 26.639).
La legisladora informa que la modificación le quita al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales —IANIGLA— la facultad científica de definir qué es un glaciar para delegarla en las provincias, debilitando la protección de más de 16.000 cuerpos de hielo. En tanto, considera que pone en riesgo la protección de las fuentes de agua frente al lobby minero y el extractivismo.
Según Ocampo, el nuevo marco normativo acota la tutela ambiental solo a aquellos sectores con “función hídrica efectiva”, dejando desprotegidos ecosistemas clave frente al avance del extractivismo.
En sus fundamentos, la diputada vincula esta medida con las exigencias del acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos y señala que el objetivo es garantizar el acceso a "minerales críticos" para potencias extranjeras. “Estaba clara la ambición de Milei por destruir el ambiente; lo intentó con el DNU 70/23 y ahora da un paso más en la entrega de bienes naturales”, sostiene Ocampo.
Para la referente de izquierda, bajo la apariencia de una gestión “eficiente” de recursos, se esconde una política que prioriza el negocio de las multinacionales mineras por sobre el resguardo de las fuentes de agua potable.
Advierte que, al reducirse los estándares de protección mínima nacional, se pone en riesgo la supervivencia de las cuencas que alimentan a todo el país en un contexto de calentamiento global. En tanto considera que "la modificación permite que las provincias achiquen la protección a su antojo, exponiendo los territorios a la contaminación y al saqueo que siempre han pretendido las empresas mineras".
El proyecto de declaración (18172) ingresó por Mesa de Entradas el 3 de marzo de 2026.