Diputados y diputadas del bloque MPN presentaron un proyecto de ley para crear un Programa especial de inclusión social frente a las situaciones de informalidad que se vivencian en la vía pública a diario.
La medida apunta a garantizar acciones de inclusión social, educativa, sanitaria y laboral, priorizando estrategias integrales de acompañamiento. Serán beneficiarios del programa personas en vulnerabilidad social que realicen actividades informales de subsistencia en la vía pública, tales como limpiavidrios, cuidacoches, vendedores ambulantes en semáforos o intersecciones de tránsito y otras actividades semejantes.
A través del programa se identificará y relevará a las personas que podrán acceder a él. De esta forma, se diagnosticará su situación social, sanitaria, educativa y laboral y se promoverán instancias de capacitación, formación e inclusión laboral. Además, se prevén instancias para la finalización de la trayectoria educativa; el acceso a dispositivos de salud, salud mental y adicciones y asistencia social y la incorporación a programas de economía social, cooperativismo y empleo formal. Todas estas medidas apuntan a reducir progresivamente las situaciones de exclusión y vulnerabilidad vinculadas al trabajo informal de subsistencia en la vía pública.
A tal fin, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano –que será la autoridad de aplicación de la ley-, realizará relevamientos territoriales periódicos, con equipos interdisciplinarios. Se implementará un registro, de carácter confidencial y al que se accederá en forma voluntaria, que contendrá los datos de las personas interesadas en acceder al programa y obtener los beneficios que contempla.
La iniciativa también promueve la coordinación con municipios, organizaciones de la sociedad civil, y demás actores relevantes, “en el entendimiento de que la complejidad del fenómeno requiere una respuesta interinstitucional y sostenida”.
Finalmente, el articulado contempla acciones concretas para promover la inclusión laboral, sanitaria y educativa a través de capacitaciones en oficios, convenios con empresas y cooperativas, programas de alfabetización y finalización escolar, asistencia social integral y abordaje de consumos problemáticos, entre otros aspectos.
Los fundamentos indican que, en el último tiempo, se evidenció un marcado incremento de personas que realizan actividades informales de subsistencia en el espacio público. Aseguran que las soluciones no pueden centrarse en la sanción o prohibición en tanto los enfoques puramente punitivos no resuelven el problema de fondo. “La aplicación de multas o sanciones económicas a quienes se encuentran en contextos de pobreza estructural resulta, además de ineficaz, socialmente regresiva”, argumentan sus autores.
En ese marco, entienden que estas situaciones de informalidad extrema no pueden ser interpretadas únicamente como un problema de orden urbano. En efecto, en muchos casos constituyen la manifestación visible de trayectorias atravesadas por los consumos problemáticos, el desempleo, la deserción educativa, la ausencia de redes de contención, la precariedad habitacional y la desigualdad social. “Por ello, corresponde diseñar herramientas que permitan intervenir sobre las causas estructurales que producen estas situaciones, promoviendo oportunidades reales de inclusión social y laboral”, añaden los diputados y las diputadas.
El proyecto de ley (18204) ingresó por Mesa de Entradas el 18 de marzo firmado por Ludmila Gaitán, Cielubi Obreque y Claudio Domínguez (MPN), con la adhesión de Carina Riccomini (Juntos).