Con el objetivo de fortalecer la seguridad en escuelas y hospitales, diputados y diputadas de distintos bloques impulsan un proyecto de ley para implementar un Sistema Provincial de Videovigilancia Preventiva. La iniciativa busca reforzar la seguridad en estos ámbitos mediante herramientas de monitoreo con fines preventivos y disuasivos, garantizando al mismo tiempo el respeto por la intimidad, la dignidad y la protección de datos personales.
“Se trata de una herramienta concreta y moderna orientada a la prevención del delito, la disuasión de conductas violentas y la mejora en la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo, priorizando siempre la protección de las personas por sobre cualquier otro fin”, sostienen los y las autoras en los fundamentos.
La propuesta establece la obligatoriedad de instalación de dispositivos en instituciones públicas, mientras que en el ámbito privado prevé un régimen de adhesión voluntaria con incentivos. Entre ellos, se contemplan beneficios impositivos, asistencia ante alertas y bonificaciones en los servicios de conectividad para el transporte de datos de seguridad.
Las cámaras podrán instalarse en espacios comunes, como pasillos, patios, salas de espera y áreas de atención al público. A su vez, prohíbe su instalación en lugares que puedan afectar la intimidad, como baños, vestuarios, consultorios médicos y aulas durante el dictado de clases. También se excluye el uso de tecnologías biométricas, como el reconocimiento facial, especialmente en el caso de menores de edad.
En cuanto al funcionamiento, las cámaras deberán estar conectadas al centro de monitoreo provincial, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El acceso a las imágenes estará restringido a autoridades específicas, al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal, en el marco de investigaciones penales. Además, se establece un plazo máximo de conservación de las grabaciones de 30 días, con eliminación automática salvo requerimiento judicial.
El proyecto plantea que la medida apunta a fortalecer la seguridad en espacios donde circulan diariamente estudiantes, pacientes y trabajadores. En ese sentido, se inscribe en una línea de políticas públicas orientadas a prevenir situaciones de violencia institucional, como la ley provincial N° 3522, que aborda la protección de trabajadores de la educación.
Entre los fundamentos, se destaca que la incorporación de sistemas de videovigilancia puede contribuir a disuadir hechos de violencia, vandalismo y robos, así como mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. También se señala que las grabaciones pueden constituir una herramienta útil para el esclarecimiento de hechos en el ámbito judicial y administrativo.
Remarca que la iniciativa establece un equilibrio entre la necesidad de seguridad y la protección de derechos individuales, mediante límites claros en el uso de la tecnología, protocolos de acceso a la información y mecanismos de resguardo de datos personales.
El proyecto (18281) ingresó por Mesa de Entradas el 21 de abril con las firmas de Gerardo Gutiérrez (MPN), Brenda Buchiniz (Cumplir), Cecilia Papa (Democracia Neuquén) y César Gass (JxC-UCR), y la adhesión de Mercedes Tulián.